En el Legislativo de Arizona, avanza una iniciativa de ley que ha desatado fuertes controversias, ya que permitiría a los rancheros que tienen propiedades en la frontera con México matar a migrantes que crucen sus tierras sin enfrentar cargos criminales.
El proyecto de ley, denominado HB-2842 y promovido por legisladores republicanos, busca ampliar la llamada ‘Doctrina del castillo’, una ley que actualmente permite el uso de fuerza letal contra quienes ingresen a una propiedad para causar daño.
El legislador estatal republicano Justin Heap defendió la propuesta argumentando que busca eliminar lo que considera «tecnicismos» y brindar una mayor protección a los rancheros que se ven afectados por el aumento del cruce de migrantes indocumentados en sus tierras.
En la actualidad, la ley protege únicamente el hogar o lugar de residencia de una persona, pero el cambio propuesto modificaría la palabra «hogar» por «propiedad», ampliando así la cobertura de la ley para incluir los terrenos de los rancheros, incluso si están alejados de sus viviendas.
La presentación de esta iniciativa coincide con el inicio del juicio contra el ranchero George Allan Kelly, de 73 años, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por haber disparado y matado en 2023 al mexicano Gabriel Cuén Buitimea, mientras este cruzaba por sus tierras cerca de la población fronteriza de Nogales.
De ser aprobada, la legislación eximiría de responsabilidad penal a los rancheros que utilicen la fuerza letal contra migrantes que consideren una amenaza para ellos o sus familias dentro de sus propiedades.
Sin embargo, legisladores demócratas han criticado enérgicamente la medida, argumentando que promueve la discriminación racial y pone en riesgo la vida de muchas personas.
Por su parte, algunos rancheros en Arizona han respaldado la propuesta, afirmando que sus tierras son frecuentemente utilizadas como rutas para el tráfico humano y de drogas hacia Estados Unidos.
La iniciativa ya ha sido aprobada por la Cámara Baja y ahora pasa al Senado estatal, donde se espera un intenso debate sobre sus implicaciones legales y éticas.
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