El abogado Juan José Frías Aguilera afirmó que desde el propio Congreso del Estado, se está incurriendo en un delito al apoyar a la ex Oficial Mayor del Congreso del Estado, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, intentando sanear las irregularidades presentadas en la administración anterior del poder legislativo.
Señaló tener conocimiento de que actualmente existe en la planta baja del edificio de Vallejo, un grupo de funcionarios pertenecientes a la Auditoria Superior del Estado, quienes están practicando una revisión que exigió el presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, en donde considera no encontrarán ninguna de las 300 irregularidades que se han denunciado.
“Obviamente nunca van a encontrar las facturas falsas, el dispendio de los recursos de todos los ex diputados, los excesivos sueldos de los asesores, los finiquitos estratosféricos, inclusive ya sabemos el resultado de la misma, como siempre no encontraran ninguna irregularidad, cero observaciones o recomendaciones administrativas”.
Volvió a solicitar que la diputada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, abandone el cargo para enfrentar el juicio político que se interpuso en su contra, toda vez que hay mucho que explicar en relación a lo que se hizo en años anteriores desde el poder legislativo y además se le fincará una denuncia ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por su pésima actuación.
“Iremos ante el SAT, por todas las facturas falsas que la ahora diputada Beatriz Benavente en su carácter de Oficial Mayor de la anterior legislatura ordenó su pago, ya que suman más de 200 que obran en nuestro poder y alcanzan un monto aproximado de los 70 millones de pesos”.
Estimó que la Auditoria Superior del Estado es un organismo inoperante, desde el momento de que su titular Rocío Cervantes fue nombrada ilegalmente, y de quien considera es parte de la complicidad por el encubrimiento a los funcionarios corruptos, ya que a su consideración recibe indicaciones desde Palacio de Gobierno, y prueba de ello es que ni la cuenta pública estatal, la del Congreso del Estado, de los ayuntamientos, del Interapas u otros organismos sumaron observaciones, ni procedimientos.
“Hasta la fecha no existe evidencia clara por parte de la auditora Rocío Cervantes de que haya interpuesto las denuncias correspondientes a pesar de que se les han puesto en su escritorio todas las pruebas para que proceda, algunas inclusive nosotras las conseguimos a través de solicitudes de información, estoy sujeto a la presunción de los documentos para que rebatan nuestros argumentos”.
Narró que encontró recientemente que se realizaron algunos gastos en la sexagésima primera legislatura de parte los diputados, quienes se pagaron una maestría, pero ello podría ser una irregularidad, ya que hubo quienes no alcanzaban la escolaridad para poder realizar dichos posgrados, por lo que sin duda alguna se incurrió en un delito de desvío de recursos.
