El presidente municipal de Santa María del Río, Israel Reyna Rosas, encontró la forma para hacer un gran negocio en detrimento del erario del Ayuntamiento. Sin embargo, un laudo laboral, la complicidad, la decidía y el desvío de recursos públicos han dejado en evidencia al alcalde.
Al Ayuntamiento de Santa María del Río le han embargado 11 millones de pesos a consecuencia de un laudo laboral por el despido de Baltazar N. y esa acción ha desnudado el mal manejo financiero que inclusive podría tener consecuencias penales por afectación al erario del municipio.
El ayuntamiento de Santa María del Río recibe de la Federación más de 33 millones de pesos al año del Ramo 33, los cuales deberían ser destinados para abatir el rezago social en beneficio de los habitantes; no obstante, han optado por hacerse de ganancias con este recurso.
En lugar de utilizar el monto que recibían aproximadamente de 3 millones 300 mil pesos por mes, la administración de Israel Reyna Rosas dejaba que se acumulará el monto hasta por 10 meses que metieron a Fondos de Inversión con una renta fija “bonos”. Esto les generaban intereses económicos, omitiendo abrir una cuenta específica y productiva como lo exige la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Es notorio que el alcalde, en coordinación con el Tesorero y el Contralor desviaban el recurso a una cuenta particular para evitar los embargos de los laudos laborales que tienen emplazados, sin previa autorización el Cabildo.
TECA realiza embargo
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) embargó con 11 millones por un laudo laboral al ayuntamiento de Santa María del Río. En dicha cuenta, al momento de proceder, había 20 millones de pesos, en un claro subejercicio de los recursos 2019, teniendo la obligación de devolver el monto no utilizado a la Federación como lo marca la ley. Esto significa que en el 2019, el Presidente Municipal estaba malversando los fondos para su beneficio.
Antes de embargar la cuenta al ayuntamiento, el TECA solicitó información a la Auditoria Superior del Estado para descartar que los recursos embargados fueran federales para evitar cualquier responsabilidad, pero en la ASE les negaron dicha información.
También solicitaron al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Marco Efrén Gutiérrez, información y en la dependencia les contestaron que, si bien la cuenta se abrió para depositar recursos federales, no tenían la certeza que todo el recurso fuera de origen federal, por lo que procedió el embargo.
La omisión de Israel Reyna
En su defensa, el alcalde Israel Reyna acusó al TECA de actuar de manera dolosa en contra de la administración municipal y que les habían embargado recursos federales de manera ilegal. También ha argumentado que no tenía conocimiento del laudo laboral, pero a principios del 2019 el ayuntamiento de Santa María del Río fue sancionado por primera vez con más de un millón de pesos por el laudo laboral de Baltazar N.
En la administración de Israel Reyna nunca atendieron correctamente ese asunto laboral y se inconformaron hasta que les habían embargado el recurso. Inclusive, en su desesperación, presentaron ante el TECA copias fotostáticas del gerente del banco para argumentar que la cuenta que les habían embargado eran recursos federales. Esta acción dejó en evidencia que estaban triangulando el recurso del municipio para meterlo a Fondos de Inversión en lugar de realizar obras.
Israel Reyna que ya se reeligió en el cargo, tenía conocimiento de este laudo laboral desde el inicio de la administración. El alcalde de Santa María con más de cuatro años al frente sabía perfectamente de los asuntos laborales.
Baltazar N.
Dos días antes de dejar el cargo, el 28 de septiembre de 2012, el alcalde Pascual Martínez Martínez firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje un convenio para pagarle a Baltazar N. el monto de 2 millones 336 mil pesos. Dicho convenio también estipulaba que en caso de no cumplir se pagarían 5 mil pesos diarios. Del 2012 al 7 enero del 2020 el monto supera los 14 millones de pesos.
Hasta ahora a Baltazar N. no le han rescindido la relación laboral con el Ayuntamiento de Santa María del Río, por lo que sigue siendo trabajador municipal, lo que justifica aún más que el TECA le haya obligado a la administración a pagar dicho laudo laboral. Por lo pronto los defensores legales de Santa María del Río como lo son el Contralor Óscar Osthoff, el Síndico José Luis Licea Cayetano y el Jurídico Adalberto Longoria no han promovido ningún recurso legal y ahora están obligados a pagar en detrimento del erario y de los habitantes de Santa María del Río. Todo esto con la complicidad de la Auditora de la ASE, Hilda Revillas Beltrán, así como el Tesorero Martín Pérez Torres y el asesor de Contabilidad Gubernamental Oswaldo Mascorro Manzo.
