En un logro histórico, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito emitió una sentencia histórica en favor de los derechos reproductivos, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación en San Luis Potosí. Esta decisión, derivada del expediente de amparo 765/2024 presentado por la Colectiva Interrupción Legal del Embarazo (ILE), declara la inconstitucionalidad de los artículos 16 de la Constitución local, así como los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado, que penalizaban el aborto.
La sentencia obliga al Congreso del Estado a derogar los artículos mencionados en el presente Periodo Ordinario de Sesiones, un paso crucial que convertiría a San Luis Potosí en el estado número 19 en despenalizar el aborto en México. Además, el fallo prohíbe que el personal de salud se niegue a realizar el procedimiento bajo el pretexto de la objeción de conciencia, asegurando el acceso pleno al servicio.
Este fallo judicial también se suma a una sentencia previa del Tribunal Electoral del Estado, que ordenó al Congreso dictaminar antes del 26 de noviembre una iniciativa ciudadana presentada por la misma Colectiva ILE. Ambas resoluciones representan un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en la entidad.
Las activistas de la Colectiva ILE, acompañadas del Colectivo Praxis Combativa, celebraron este logro pero subrayaron que aún falta implementar las reformas necesarias en la Ley de Salud para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, se comprometieron a continuar brindando asesoría judicial gratuita a quienes lo necesiten, mientras se implementan los cambios legislativos.
A pesar de la victoria jurídica, las activistas señalaron que el reto ahora es garantizar que se cumplan las sentencias y que el Congreso local tome acciones concretas para derogar los artículos inconstitucionales y reformar las leyes que permitan un acceso efectivo a los derechos reproductivos en el estado.
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