Durante años, México encontró en las remesas algo más que una fuente de divisas; construyó un amortiguador económico. Cuando el empleo flaqueó, cuando el campo dejó de ser suficiente, cuando la industria no alcanzó para todos y cuando el desarrollo regional avanzó a distintas velocidades, apareció el dinero enviado desde Estados Unidos. No como programa público, ni como estrategia de Estado, sino como el resultado silencioso de millones de historias de migración. El país aprendió a contar dólares que llegaban desde el extranjero y, casi sin notarlo, convirtió ese flujo en una pieza estructural de su estabilidad.
San Luis Potosí conoce bien esa historia. El Altiplano y buena parte de la Zona Media han vivido durante décadas bajo una geografía peculiar en la que media familia está en tierras potosinas y la otra restante se encuentra en Texas, Illinois o California; se edificaron viviendas levantadas con recursos enviados desde el norte; hay fiestas patronales financiadas a distancia y economías familiares que sobreviven porque alguien, a cientos o miles de kilómetros, decidió convertir la ausencia en transferencia bancaria.
Las remesas no sólo pagan despensas, pagan estudios, consultas médicas, materiales de construcción, deudas, pequeños negocios y en muchos casos sostienen comunidades enteras donde las oportunidades locales simplemente no alcanzaron. Pocos lo aceptan, pero en varios municipios potosinos el migrante terminó haciendo una función que históricamente correspondería al desarrollo económico.
Por eso las nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump merecen algo más que un encabezado alarmista. La discusión ya no gira únicamente alrededor de un eventual impuesto a las remesas; ahora, aparece un paquete que combina gravámenes limitados para ciertos envíos, mayor vigilancia financiera, verificación de identidad y controles reforzados sobre los mecanismos de transferencia. Traducido al lenguaje cotidiano: mandar dinero seguirá siendo posible, pero podría ser más caro, más lento y más observado.
Durante años, la economía estadounidense aprovechó la mano de obra migrante, pero ahora, parte de esa misma estructura observa con lupa el dinero que esos trabajadores envían a sus familias. El migrante produce allá, sostiene aquí y, en medio, aparece la posibilidad de un filtro adicional. Una especie de peaje emocional con formato fiscal.
San Luis Potosí tendría razones para mirar el tema con especial atención. Municipios históricamente expulsores de población podrían resentir cualquier disminución, por pequeña que parezca y es que el efecto de las remesas rara vez se mide sólo en montos agregados. Un punto porcentual menos puede significar una obra detenida, un negocio que no abre, una carrera universitaria que se posterga o una familia que regresa al crédito informal.
Existe además otra consecuencia posible; la transformación de las rutas financieras. Si enviar dinero por determinados mecanismos se vuelve más costoso o complejo, muchos migrantes migrarán otra vez, pero en esta ocasión hacia plataformas digitales, esquemas bancarizados y nuevas herramientas tecnológicas. Los flujos no desaparecerían, cambiarían de forma. El problema es que no todos tienen el mismo acceso ni la misma alfabetización financiera, especialmente en comunidades rurales.
Las remesas siempre fueron interpretadas como un acto económico, pero, en realidad, son un acto social, son la prueba mensual de que alguien sigue presente aun estando lejos. Gravar o restringir ese vínculo no equivale solamente a mover una variable macroeconómica, toca fibras familiares y comunitarias.
México suele celebrar el récord anual de remesas como si fuera una medalla. Tal vez convendría leerlo también como un recordatorio. Cada dólar que llega cuenta una historia de partida. Cada transferencia exitosa habla de alguien que no encontró condiciones suficientes en casa y decidió construirlas desde otro país.
Y ahí aparece la paradoja potosina. Mientras se presume crecimiento industrial, inversiones y expansión económica, miles de hogares continúan dependiendo del dinero enviado desde el exterior. No porque rechacen el progreso local, sino porque este todavía no logra reemplazar la economía de la nostalgia.
Si las nuevas políticas de Trump avanzan y endurecen el terreno, San Luis Potosí enfrentará un problema más grave en torno a qué tan preparada está la entidad para sustituir el ingreso que durante décadas llegó desde fuera. Conviene tener presente que las remesas pueden ser extraordinarias como respaldo, pero muy peligrosas cuando terminan funcionando como política de desarrollo por omisión.
Cavilaciones:
Primera: Empresarios potosinos han tenido días largos tras la detención del magnate inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo, acusado de fraude por 500 millones de pesos (¡cualquier bobería!), socio de los más grandes proyectos de los desarrolladores locales. Miguel Valladares, cabeza de grupo, convocó a una reunión urgente y dicen que lo que se habló en esa reunión es para infartar a cualquiera ¡Miau!
Segunda: Las huestes morenistas traen un buen desgreñadero. Ayer, durante una entrevista, la dirigente estatal, Rita Ozalia Rodríguez, con gran desdén dijo que si el empresario Gerardo Sánchez Zumaya quiere ser candidato de Morena a la gubernatura, pues que se inscriba en la convocatoria para coordinador estatal. El pleito va más en serio de lo que se cree. Vamos a ver de cuál cuero salen más correas en un pleito que, en realidad, es de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y hermana de Rita, y el vilipendiado senador Adán Augusto López. Este tema dará mucho de qué hablar en los próximos días.
Tercera: El PRI de Sara Rocha, muy acomedido, acudió a al INE y al CEEPAC para pedir que se cancele el registro de Morena como partido político por los supuestos nexos que tienen muchos perfiles guindas con el crimen organizado ¡Achú, achú y más achú! Si el PRI ya no tiene criminales en sus filas es porque se fueron a Morena, pero es muy seguro que ahí aprendieron las malas mañas.
