Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización y combate a la corrupción, las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto, que plantea expedir la Ley de Fiscalización Superior del Estado y modificar la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Código Penal del Estado y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.
El diputado José Luis Fernández Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, señaló que, con estas medidas se busca fortalecer las acciones de combate a la corrupción, ya que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2021, el 57.1 % de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
La iniciativa contempla varias líneas de acción, entre ellas: Expedir una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, para sustituir la denominación de Auditoría Superior del Estado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
La modificación del procedimiento y plazos para la entrega y revisión de la Cuenta Pública; define los mecanismos para el nombramiento de la persona titular del Órgano Técnico de Fiscalización, así como su ratificación.
Además, la simplificación del procedimiento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de las entidades fiscalizadas; la implementación de la revisión y fiscalización en tiempo real del ejercicio fiscal en curso y el Servicio Fiscalizador de Carrera.
Se define el procedimiento de ratificación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado; además, se propone la extinción de la Unidad de Evaluación y Control, entre otros puntos.
El diputado José Luis Fernández señaló que, desafortunadamente la ASE ha registrado aspectos negativos y alarmantes que pusieron en entredicho su funcionalidad, como son:
Las y los servidores públicos que coordinaron, auditaron y auxiliaron en las labores de fiscalización superior, no conocían los lineamientos técnicos, criterios y métodos para la selección y ejecución de auditorías, por lo tanto, su trabajo presentó inconsistencias, errores y ausencia de objetividad.
Además, algunos no tenían conocimiento de la existencia del Servicio Fiscalizador de Carrera, no recibieron capacitación ni se evaluó su desempeño.
Se detectó que el 55 por ciento del personal del Órgano Técnico se ocupa en labores administrativas o jurídico administrativas y solo el 45 por ciento participó directamente en las labores de fiscalización; además 60 servidores públicos no cumplieron con el perfil profesional adecuado y/o con el título y cédula profesional para realizar la función de fiscalización.
Este diagnóstico reafirmó que el Órgano Técnico del Poder Legislativo no estaba efectuando correctamente sus funciones básicas, especialmente, la de fiscalizar la gestión financiera de los entes auditables para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como, la de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas que correspondan a los entes públicos.
La iniciativa será turnada al pleno del Congreso del Estado para de ahí ser enviada a comisiones para sus análisis.
