Fueron agredidas física y verbalmente por una funcionaria municipal, fueron humilladas y expuestas ante una enorme cantidad de gente, fueron tratadas como peligrosas criminales, acusadas injustamente de haber iniciado un pleito y una agresión cuando, en realidad, ellas fueron las víctimas de una prepotente funcionaria que, abusando de su autoridad, intentó arrebatarles la mercancía que ofrecen de persona en persona para ganarse la vida.
Paulina caminaba sobre la calle Alhóndiga, en el primer cuadro de la ciudad, buscando vender sus flores para ganar un poco de dinero cuando fue interceptada por una inspectora de Comercio Municipal bajo las órdenes del alcalde Xavier Nava. La funcionaria, sin mayor avisó, intentó quitarle la mercancía alegando que sería confiscada por haber violentado el reglamento. Paulina defendió su fuente de empleo. La inspectora se le fue a los golpes, le arañó los brazos y el rostro.
A la trifulca se sumaron otros inspectores y comerciantes, cada cual defendiendo lo suyo. Agentes policiacos intervinieron y por indicación de la funcionaria municipal sometieron a Paulina junto a su tía Isabel, ambas de ascendencia indígena. La inspectora las acusaba de haberle roto un teléfono celular. Las vendedoras fueron encarceladas y nadie supo de ellas durante un largo rato.
Inspectores de Comercio la hacen de nuevo; agreden a otra vendedora de flores
En evidente contubernio con el Ayuntamiento y pese a la evidencia que circuló en redes sociales y en medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado mantuvo privadas de su libertad a las vendedoras sin que hubiera un delito o una imputación formal en su contra. Activistas buscaron ayuda por todos lados; el alcalde de burló en su cara, el fiscal se negó a recibirlos, Derechos Humanos hizo mutis, todos les dieron la espalda.
Las horas aumentaban la preocupación de los amigos y compañero de Paulina y de Isabel, al mismo tiempo, se confirmaba el contubernio que existe entre las autoridades de justicia y los gobiernos, actuando a conveniencia, violando los derechos humanos, encarcelando a inocentes.
Tras una larga lucha, las comerciantes fueron liberadas; fue la presión de los activistas, la insistencia del gremio, la solidaridad de los ciudadanos que condenaron la agresión y exigieron su liberación inmediata, fue la razón que se impuso ante la injusticias y los abusos. Paulina e Isabel pudieron volver con su familia.
En los últimos meses, las violaciones de derechos humanos y los abusos en contra de comerciantes y comunidades indígenas se han vuelto cosa común en San Luis Potosí, los juicios políticos interpuestos contra el alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios, son prueba de ello.
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