A pesar de que el Congreso de la Unión aprobó la legislación secundaria que regirá el proceso electoral del Poder Judicial, aún quedaron diversos aspectos pendientes que deberá resolver el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre estos pendientes se incluyen temas clave como la fiscalización de recursos, el papel de los capacitadores electorales, la integración de mesas de casilla, así como la asignación de tiempos en radio y televisión.
El partido Morena y sus aliados impulsaron y aprobaron reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley de Medios de Impugnación, con el objetivo de delinear los plazos y la ruta de este proceso inédito en México. Sin embargo, aunque las reformas establecen un marco general, muchas de las responsabilidades recaerán en el INE, el cual deberá ajustarse a la nueva legislación para llevar a cabo el proceso.
Uno de los temas más complejos abordados en la reciente reforma es la cartografía electoral, que refiere a la forma en que se divide el territorio nacional para fines electorales. En la actualidad, el país se organiza en 300 distritos electorales, pero esta división no corresponde con la dinámica judicial, lo que requerirá una nueva distribución que permita elegir a los funcionarios judiciales.
Según la ley, en diciembre de este año, el órgano de administración judicial deberá remitir al INE una nueva propuesta de división territorial basada en circuitos judiciales o circunscripciones, especificando las entidades federativas involucradas, así como los cargos que estarán en disputa. Estos incluyen Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación, Juzgados de Distrito, y las sedes de las salas regionales del Tribunal Electoral.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya había planteado varias interrogantes a los legisladores sobre estos temas en una reunión celebrada el pasado 30 de julio, en el contexto del diálogo para la reforma judicial. Entre los desafíos, destacó la necesidad de definir claramente los procedimientos que regirán la organización de esta elección, que incluirá tanto la elección de ministros y magistraturas de la Sala Superior, como la creación de un nuevo tribunal de disciplina.
La Junta General Ejecutiva del INE será la encargada de coordinar el proceso, elaborando un plan que incluya la participación de órganos locales y distritales en la organización electoral, y gestionando la etapa de cómputo de votos para asegurar la transparencia en este proceso sin precedentes en la historia de México.
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