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Elucubraciones: Una reforma para 2030

Por El Gato Filósofo

La reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado deja una sensación extraña. No porque sus objetivos sean cuestionables, sino porque buena parte de sus contenidos parecen responder a problemas que debieron atenderse hace años. Aun así, en tiempos donde las reformas suelen anunciarse más de lo que se concretan, vale la pena reconocer que esta vez sí hubo cambios de fondo.

El primer gran golpe es contra el nepotismo electoral. A partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, los alcaldes ya no podrán heredar el cargo a esposas, esposos, hijos, hermanos, sobrinos o familiares cercanos mediante una simple operación política. La medida no erradicará por sí sola las redes de influencia familiar que históricamente han caracterizado a la política mexicana, pero al menos eleva el costo de las sucesiones disfrazadas de democracia. En un país donde algunos municipios han llegado a parecer negocios familiares con presupuesto público, la reforma representa un mensaje político relevante.

También destaca la eliminación de la reelección consecutiva para diputaciones locales y ayuntamientos. El tema admite interpretaciones encontradas. La reelección fue concebida como una herramienta para premiar a los buenos gobiernos y castigar a los malos mediante el voto. En la práctica, sin embargo, terminó fortaleciendo estructuras de poder que aprovecharon las ventajas del cargo para competir en condiciones privilegiadas. El regreso al modelo sin reelección no garantiza mejores perfiles ni una mayor rendición de cuentas, pero sí modifica las reglas del juego político que prevalecieron durante la última década.

La tercera vertiente de la reforma se inscribe en la narrativa de austeridad. Consejeros electorales y magistrados ya no podrán acceder a una serie de prestaciones extraordinarias, seguros privados y beneficios especiales. Además, se establecen límites salariales y restricciones presupuestales. La idea es que los organismos públicos se ajusten al mismo discurso de contención que se exige al resto de las instituciones. Falta ver si los ahorros prometidos resultan tan significativos como se anuncia o si terminan convirtiéndose más en una bandera política que en una verdadera transformación administrativa.

Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es el relativo a la integración de los ayuntamientos. La propuesta impulsada desde el ámbito federal para reducir el número de integrantes de los cabildos fue presentada como una medida de eficiencia gubernamental. El problema es que, al hacerlo, la presidenta Claudia Sheinbuam, que fue quien hizo la propuesta, exhibió un evidente desconocimiento sobre la realidad municipal del país. La composición de los cabildos mexicanos ya está determinada por criterios poblacionales y presenta diferencias sustanciales entre municipios. La idea de que todos estaban sobredimensionados parecía construida más desde la percepción política que desde el conocimiento técnico. En los hechos, la reforma termina ajustando cifras que en muchos casos ya eran moderadas, mientras deja intactos otros problemas mucho más profundos relacionados con la capacidad operativa y la representación política de los gobiernos locales.

Lo interesante es que, aunque la reforma constitucional ya fue aprobada, la historia todavía está lejos de concluir. Los principios quedaron plasmados en la Constitución local, pero falta construir las reglas secundarias que determinarán cómo se aplicarán. Ahí comenzará la verdadera batalla política, pues, por ejemplo, prohibir el nepotismo es relativamente sencillo, pero diseñar mecanismos eficaces para impedir simulaciones es mucho más complicado. Lo mismo ocurre con la reelección; eliminarla requiere una reforma constitucional; evitar que los grupos políticos mantengan el control mediante relevos cuidadosamente seleccionados es otro asunto.

Esta reforma y su armonización han sido presentadas como un parteaguas para la vida política del estado, pero conviene aclarar que varias de sus disposiciones más relevantes no tendrán efectos inmediatos. La prohibición del nepotismo electoral y la eliminación de la reelección consecutiva comenzarán a aplicarse hasta el proceso electoral del 2030, por lo que la elección del 2027 seguirá desarrollándose bajo las reglas que ya se conocen. Dicho de otro modo, muchos de los actores que hoy celebran o cuestionan la reforma todavía podrán competir en el próximo proceso sin las restricciones que ahora se anuncian como históricas. Muchos cambios, pero no hay prisa para que se concreten ¿Verdad?

Eso no significa que el cambio carezca de importancia. Al contrario, implica que la verdadera dimensión de la reforma se medirá dentro de varios años, cuando los grupos políticos deban enfrentar un escenario distinto al que han conocido durante décadas.

La elección de 2027 será la última oportunidad para jugar con las reglas de siempre. A partir de entonces, comenzará la prueba real para una reforma que promete mucho y que, como siempre ocurre, tendrá que esperar para demostrar si realmente transforma algo más que el discurso.

Cavilaciones:

Primera: El nombre de Carlos Augusto Morales quizá no dice mucho para los grillos de los tejados del Potosí, pero, por si no lo conocen, se los presento. Es el secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum y ya descubrió el jueguito de un grupo de pseudoperiodistas que se dicen víctimas de persecución. El culebrón que se armaron ya les está cobrando factura.

Segunda: En Villa de Reyes, hay una guerra de guerritas en el Ayuntamiento. A estas alturas del partido, ya andan todos contra todos, todas y todes. Parece que, al poderoso Alfredo Téllez, ya cualquiera le salta las trancas ¡Si Erika viviera, qué chinga le pusiera! ¡Miau!

Tercera: En Soledad, crece la inconformidad por la ejecución de dos lomitos a manos de un desquiciado sujeto que les disparó a sangre fría. Juan Gloria, presunto responsable del doble crimen, propietario de los campos «Los Delfines» donde ocurrieron los hechos, es buscado para que pague por tan terrible acción. Mandan decir los animalistas a la Fiscalía que lo agarran o hacen justicia por su cuenta. Sobre aviso, no hay engaño.

 

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