Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, manifestó que a menos de una semana de la fecha en que deberá efectuarse el acto protocolario de Entrega-Recepción en los Ayuntamientos por el fin e inicio del período constitucional, ha emitido todas las declaratorias de integración de las comisiones a que la ley lo obliga; sin embargo, aún existen municipios en los que se observa cierta resistencia por diversas circunstancias.
En este sentido, la Ley de Entrega – Recepción establece que una vez las comisiones de entrega y recepción hayan sido integradas, deberán notificarlo al organismo fiscalizador; este plazo concluyó el 17 de agosto pasado y no todos cumplieron en tiempo. A pesar de ello, a la conclusión del proceso se deslindarán responsabilidades y promoverán acciones en su caso para la imposición de sanciones administrativas, sin perjuicio de las civiles y penales a que haya lugar.
“Los auditores estarán de tiempo completo en las sedes municipales tres días; sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de septiembre, además de hacer presencia el martes primero de octubre en el acto protocolario, como autoridad competente para supervisar los actos relacionados con la entrega – recepción”, informó el Auditor Superior del Estado.
Agregó que el IFSE ha previsto todo para que el acto protocolario se lleve a cabo en absoluta calma y ha puesto énfasis en lo que considera el rubro más importante del proceso, que es lo referente a la Seguridad y mandos policíacos, ya que el tema es primordial y no puede descuidarse en ningún momento.
Rodrigo Lecourtois indicó también que las sanciones para los funcionarios públicos omisos en el tema de la entrega – recepción es el fincamiento de responsabilidades administrativas, y si las faltas en que incurrieron son consideradas intencionales, pueden clasificarse como graves e incluso ameritar una inhabilitación, porque los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía no pueden interrumpirse y una irresponsabilidad intencional de ese tipo, será configurada como falta grave.
Finalmente, Lecourtois López puntualizó que los servidores públicos sujetos a la entrega – recepción de un período constitucional, no podrán deslindarse de las obligaciones de su cargo e incumplir el proceso, “promoveremos las acciones necesarias para la imposición de sanciones administrativas, sin perjuicio de las civiles y penales a que haya lugar y estaremos pendientes durante los 30 días hábiles contados a partir del acto protocolario, de que las autoridades salientes entreguen la información que las entrantes le requieran”, concluyó.
