Un reportaje publicado por El País puso bajo escrutinio la actuación de las autoridades de procuración de justicia en San Luis Potosí, tras revelar el caso de una joven de 28 años que permaneció durante casi dos horas dentro de una habitación de hotel en un contexto que hoy es materia de investigación penal.
De acuerdo con la información difundida por el medio en su edición México, los hechos ocurrieron la madrugada del 28 de septiembre de 2025 en el Hyatt Regency San Luis Potosí. La mujer, identificada como Valeria y con diagnóstico de sonambulismo, salió de la habitación que compartía con su pareja y entró a otra, según registros de videovigilancia citados en el reportaje. En ese lugar permaneció cerca de dos horas.
El ocupante de la habitación, identificado como Guillermo “N”, fue detenido inicialmente por elementos de Seguridad Pública, pero horas más tarde quedó en libertad. Según lo expuesto por El País, la liberación obedeció a irregularidades en la puesta a disposición ante el Ministerio Público y a la determinación de que no existían datos de prueba suficientes para configurar un delito.
El reportaje detalla que dictámenes médicos practicados a la joven documentaron lesiones recientes compatibles con una agresión sexual. No obstante, la ausencia de fluidos u otros indicios biológicos concluyentes habría sido un elemento central en la decisión ministerial. La defensa del señalado sostuvo que no hubo coerción y que la mujer ingresó por voluntad propia.
El caso ha colocado en el centro del debate la interpretación jurídica del consentimiento. Especialistas consultados por el diario señalaron que una persona en estado de sonambulismo carece de conciencia y control de sus actos, lo que impediría otorgar consentimiento válido. La discusión, sin embargo, se ha trasladado al terreno probatorio y a la exigencia de evidencia física directa para sustentar una imputación.
Además, el reportaje apunta posibles fallas en la preservación de la escena y en la cadena de custodia, así como la filtración de datos personales de la denunciante, lo que podría constituir una vulneración adicional a sus derechos.
Hasta ahora, según lo publicado por El País, no existe vinculación a proceso contra el señalado. El caso ha generado cuestionamientos sobre la integración de la carpeta de investigación, la actuación del Ministerio Público y los estándares aplicados para acreditar delitos sexuales cuando la presunta víctima se encuentra en un estado de alteración de la conciencia.
La difusión del caso, de acuerdo con el propio medio, busca evidenciar tanto los hechos como las decisiones institucionales adoptadas, en un contexto donde persisten reclamos sociales sobre el acceso efectivo a la justicia en delitos de esta naturaleza.
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