Fue sentenciado a ocho años de prisión ordinaria un hombre, identificado como Antonio N., de 39 años de edad, quien resultó culpable de haber cometido un homicidio simple, hechos ocurridos en Tamasopo.
Fue después que culminó un juicio oral y en la audiencia de individualización de la pena donde la autoridad judicial le hizo lectura de los términos que deberá cumplir Antonio N., tras el fallo condenatorio logrado por las autoridades.
Además de la reclusión en el centro penitenciario de la región, deberá pagarle de manera económica la reparación del daño a familiares del afectado y una sanción pecuniaria impuesta por el estado.
Fue el 24 de febrero de 2018, en el exterior de un establecimiento de venta de cerveza, ubicado en la privada El Aguacate, en el rancho con el mismo nombre del ejido Damián Carmona, cuando el imputado accionó un arma de fuego en varias ocasiones en contra de la víctima, causándole heridas que posteriormente, le provocaron su deceso en el hospital donde era atendido.
Del mismo modo, agentes de la Policía de Investigación emprendieron las indagatorias correspondientes para esclarecer este suceso.
Con estos trabajos se consiguieron diversos medios de prueba que fueron añadidos a una carpeta de investigación, lográndose identificar a un probable partícipe de nombre Antonio N.
La Fiscalía General del Estado, por medio del Agente del Ministerio Público procedió conforme lo marca la ley en contra del hombre citado, y le pidió al Juez de Control que obsequiara la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, misma que fue otorgada de la misma manera.
Con el mandato librado, fue detenido el presunto e inició su proceso penal respectivo, y las autoridades presentaron datos de prueba sólidos de la participación del individuo en los actos señalados, sin embargo, el Juez de Control reclasificó el ilícito a homicidio simple y durante el juicio oral se obtuvo el fallo condenatorio.
Ahora, le realizaron la explicación y lectura de la sentencia condenatoria a Antonio N., donde le indicaron que pasará por ocho años de prisión ordinaria en las celdas del centro de reinserción social de la región, así como los pagos que deberá acreditar para la reparación del daño causado a las víctimas indirectas.
