Erika Briones Pérez, presidenta de Villa de Reyes, tendrá que enfrentar un juicio político por incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) que la obliga a pagar a los deudos de un ciudadano que fue asesinado por policías municipales. Los diputados deberán decidir su destino en los próximos días.
Familiares de la víctima acudieron ante los diputados a finales del año pasado para acusar a la alcaldesa por incumplir con el convenio de reparación de daño que ganaron ante las autoridades competentes, tras el homicidio de Leonardo Ivañez Rivera. El hecho ocurrió el 17 de mayo del 2015 cuando el alcalde era José Piedad Galicia Chiquito, del partido Conciencia Popular y el director de Seguridad Pública Municipal era Ramón Terrazas Barraza.
Briones Pérez alegó a los diputados que el asesinato no fue durante su administración y que su antecesor, Juan Gabriel Solís, tampoco pagó la indemnización; sin embargo, la sentencia del TEJA condenó al Ayuntamiento, no a los alcaldes en turno a pagar la reparación del daño.
Ante la omisión de la edil, ahora deberá enfrentar un juicio político promovido por los deudos de la víctima, pues las omisiones, tanto para ella como sus antecesores, son motivo de responsabilidad política, administrativa y penal. La falta de respuesta a un ordenamiento del TEJA ha causado ya daño a la hacienda municipal de Villa de Reyes, producto de diversas multas que le han aplicado por incumplimiento.
Por su parte, los deudos de la víctima dicen que sólo piden lo que en justicia les corresponde por la reparación del daño pues el hombre asesinado por los policías municipales en su propio domicilio dejó una viuda y un menor, que quedó en estado de orfandad y que requiere de manutención para su correcta educación y convivencia social.
El próximo viernes, abordarán el asunto los diputados en las comisiones de Gobernación y Justicia.
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