El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), solicitó a los seis municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) designar a la persona que será responsable en dar seguimiento a las acciones a realizar y los resultados obtenidos en la prevención, atención y sanción de la violencia en contra de niñas y mujeres adolescentes.
Lo anterior lo dio a conocer el secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, quien afirmó que esta solicitud atiende la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer las políticas públicas en favor de la protección de las mujeres en el Estado, tema que fue olvidado por la herencia maldita que sólo dilapidó recursos sin obtener resultados concretos a esta problemática.
Detalló que en el año 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) instruyó la AVG a Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, con los cuales se habrá de fortalecer el trabajo interinstitucional para avanzar en los mecanismos de ayuda y atención a las mujeres en condiciones vulnerables.
“A partir de esta declaratoria se sigue un programa de trabajo que contiene distintas medidas para garantizar la seguridad, prevención y acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres”, se trata de acciones gubernamentales para frenar y erradicar la violencia de género, especialmente en esos municipios, manifestó.
Explicó que las y los enlaces municipales que sean designados deberán dar seguimiento a las cinco medidas de seguridad que se integran a la declaratoria; a las ocho medidas de prevención y a las seis de justicia y reparación: “todas incluyen acciones que requieren atención inmediata y en las que deben involucrarse todos los niveles de gobierno para que los esfuerzos se realicen de forma conjunta y con una plena participación”.
Finalmente, asentó que la designación del enlace municipal permitirá tener una referencia permanente sobre el avance en las medidas, proporcionar información oficial y mejorar la coordinación del Gobierno estatal con las organizaciones de la sociedad civil.
