El cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de un cargo relacionado con la Ley Kingpin en Estados Unidos, la cual sanciona a personas y entidades vinculadas con el tráfico internacional de drogas. Según información de la Fiscalía estadounidense, Ortiz habría participado en al menos seis conciertos organizados en 2018 por Jesús Pérez Alvear, promotor sancionado por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con investigaciones, los eventos fueron organizados a través de la empresa Gallística Diamante, señalada por el gobierno de Estados Unidos por supuestamente estar relacionada con operaciones financieras ilícitas. Ortiz reconoció su participación y actualmente colabora con las autoridades como testigo en el juicio contra Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records, quien también enfrenta acusaciones de haber violado la Ley Kingpin.
El caso se dio a conocer durante el proceso judicial contra Del Villar en una corte de Los Ángeles, donde la Fiscalía presentó pruebas sobre los vínculos del promotor de conciertos con organizaciones señaladas por actividades ilícitas. Se espera que Ortiz brinde su testimonio en este juicio, mientras continúa cooperando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Ángel Del Villar, reconocido productor musical, ha trabajado con múltiples artistas del género regional mexicano, incluido Ortiz. Su defensa sostiene que no hubo intención de violar la legislación estadounidense y busca demostrar su inocencia ante la corte. Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones sobre los vínculos financieros en la industria del entretenimiento.
Este caso subraya la importancia del cumplimiento de regulaciones internacionales en la industria musical y sus relaciones comerciales, especialmente cuando involucran a entidades o individuos bajo sanción.
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