En México, pocas cosas irritan tanto como ver subir el precio de la gasolina. Hoy, el país vive un nuevo episodio de esa vieja historia; combustibles al alza, transportistas inconformes y autoridades que piden calma mientras el termómetro social sube.
El incremento en los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado ni repentino. Responde a una combinación de factores; presiones internacionales en el mercado energético, costos logísticos, tipo de cambio y una política interna que, aunque busca contener impactos, ya no logra disimularlos del todo. El resultado es simple, llenar el tanque cuesta más, y eso, en una economía como la mexicana, se traduce en una cadena de aumentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que existen mecanismos para evitar incrementos desproporcionados y que su gobierno mantiene diálogo con los sectores afectados. Ha hablado de acuerdos, de ajustes y de una estrategia para amortiguar el golpe y todo suena razonable, suena muy bonito, pero, en la realidad, basta con ver el precio de los combustibles para notar que la percepción ciudadana va en otro sentido.
Las inconformidades no han tardado en aparecer. Este lunes, transportistas y productores del campo recurrieron nuevamente a los bloqueos carreteros en distintos puntos del país. No es una reacción espontánea, sino acumulada. Denuncian que los costos operativos se han disparado, que trabajar es cada vez menos rentable y que las respuestas oficiales llegan tarde o se quedan en promesas.
Molestas hay muchas y respuestas pocas. Abundan las evasivas y negación, pero lo cierto es que cuando sube la gasolina, no sube sólo la gasolina; sube el transporte de mercancías, sube el precio de los alimentos, suben los servicios. El impacto se filtra, silencioso, pero constante, en la canasta básica y en el día a día de millones de personas. Los comerciantes ajustan precios porque cuesta más surtirse; el proveedor incrementa tarifas porque trasladar productos es más caro; el consumidor, al final de la cadena, paga la cuenta completa. Es el efecto dominó que todos conocen, pero que cada gobierno intenta explicar como si fuera una sorpresa.
Lo preocupante no es sólo el alza, sino la narrativa que la acompaña. Minimizar el malestar o atribuirlo únicamente a factores externos puede ser políticamente conveniente, pero socialmente insuficiente. Así, mientras se insiste en que hay control, en las carreteras hay bloqueos y en los bolsillos hay menos margen.
México ya ha pasado por esto antes. La diferencia es que, hoy, la ciudadanía tiene menos paciencia y más memoria. Sabe que los combustibles son un eje central de la economía y que cualquier variación termina impactando mucho más allá de las estaciones de servicio.
Al final, el problema no es que suba la gasolina, eso, en un contexto global, puede ser inevitable, sino cómo se gestiona el impacto y, sobre todo, cómo se le explica a la gente.
En fin, si algo queda claro en este episodio es que, mientras el precio del combustible sigue su camino ascendente, la confianza en las explicaciones oficiales van en caída libre.
Cavilaciones:
Primera: El sindicato de la GM de la planta Villa de Reyes, en San Luis Potosí, anunció que pospone para el 17 de abril el estallamiento de huelga si no se cumplen sus demandas de aumento salarial de 15 por ciento y la revisión de las condiciones generales de trabajo. La planta da empleo a unas siete mil 200 personas. Hay diálogo entre la armadora estadounidense y los trabajadores, pero no se ve como autoricen el ajuste salarial con una economía contraída en prácticamente todo el mundo.
Segunda: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear las cuentas bancarias sin orden judicial, sin derecho de audiencia y sin opción de defensa. Dicen que no va contra los factureros ni lavadores de dinero de los grupos delictivos, va contra los contribuyentes comunes, los que sostienen al país. En el pecado llevarán la penitencia. Lo que sigue es una fuerte contracción de inversiones de todo tipo lo que significa una caída en la recaudación o lo que es lo mismo. El gobierno tendrá un serio problema de solvencia económica de consecuencias descomunales para la población. Por cierto, la ministra Jazmín Esquivel (que votó en contra de esta barbaridad en la SCJN) parece ser la única gente de razón en ese órgano ¡Miau!
Tercera: El alcalde de Villa de la Paz, Juan Francisco Gómez Escamilla, fue captado en video mientras se embriagaba en un bar en Matehuala. El problema no es que salga a divertirse y a sacar el estrés, el problema es que no hace su trabajo y tampoco les paga a proveedores. Dicen en el pueblo que es todo un caso. Esperen noticias.
