En un nuevo episodio de tensión diplomática, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una férrea defensa de la soberanía nacional al calificar de infundada la premura de Estados Unidos para detener al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina de este lunes 4 de mayo, la mandataria aseguró que su administración no cederá ante presiones externas que no respeten el debido proceso ni las leyes mexicanas.
La mandataria fue enfática al señalar que el expediente enviado por el Departamento de Justicia estadounidense carece de sustento jurídico sólido. Según Sheinbaum, la solicitud se basa mayoritariamente en testimonios aislados y documentos que calificó como «hojas simples con anotaciones», insuficientes para una orden de aprehensión bajo el sistema penal acusatorio de México.
“Me llama la atención la urgencia. Cuando decimos pruebas, es pruebas. No es nada más un dicho de una persona; tiene que haber evidencia contundente conforme a la legislación mexicana”, sentenció Sheinbaum.
Uno de los puntos más críticos de su mensaje fue la denuncia por la filtración de la solicitud a los medios de comunicación. La presidenta acusó que, al romper la confidencialidad que exigen los tratados internacionales, se ha generado un «linchamiento mediático» contra Rocha Moya y otras nueve personas mencionadas en el caso.
Mientras el proceso legal sigue su curso en el ámbito diplomático, el estado de Sinaloa opera bajo el mandato de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, designada por el Congreso local tras la solicitud de licencia de Rocha Moya por más de 30 días.
Pese a los señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado —los cuales Rocha ha negado categóricamente—, la presidenta confirmó que el funcionario sigue contando con protección de la Guardia Nacional tras un análisis de riesgo.
El Gobierno de México ha solicitado formalmente a Estados Unidos información adicional y respeto absoluto a las vías legales, dejando claro que, aunque «no se protegerá a nadie», tampoco se permitirá que el sistema judicial sea utilizado como herramienta política exterior.
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