El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, compareció ante los diputados de la LXII Legislatura, con motivo de su Informe Anual de Actividades, en cumplimiento con el artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado, que establece la obligación de presentar un informe escrito de sus actividades y, posteriormente para la glosa del mismo, comparecer ante el Congreso del Estado en un plazo no mayor a treinta días posteriores a la entrega del informe escrito.
Los diputados Rolando Hervert Lara, Eugenio Govea Arcos, Edgardo Hernández Contreras, señalaron graves deficiencias en la actuación del personal de la Fiscalía, lo que ha generado falta de resultados en las investigaciones e impunidad para los acusados.
El diputado Rolando Hervert dijo que en un chat, se dio cuenta de varias quejas de abogados de la dilación de los procesos en el nuevo sistema penal y que denuncian una mala actuación y abuso de autoridad por parte del vicefiscal Aaron Edmundo Castro, en la presentación de los asuntos y carpetas de investigación ante los jueces de control. En este sentido, el Fiscal dijo desconocer estos casos en específico y solicitó se realicen las denuncias respectivas para iniciar una investigación interna.
En el mismo sentido, el diputado Edgardo Hernández señaló que existe corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado por parte de los vicefiscales, lo que ha generado una impunidad en la investigación e integración de las carpetas de investigación, principalmente en casos de robos, homicidios, y asaltos.
Consideró que no hace falta endurecer penas, sino que las acciones en materia de procuración de justicia den los resultados que espera la ciudadanía, de manera responsable, sin impunidad y tráfico de influencias.
Al respecto, los diputados José Antonio Zapata Meráz y Eugenio Govea manifestaron que para este 2020, se prevé que la Fiscalía cuente con un presupuesto de 1,019 millones de pesos, que debe traducirse en eficiencia para la atención de la ciudadanía que espera una procuración de justicia eficiente.
El Fiscal indicó que la mayoría de este presupuesto se utilizará en aumentos salariales a personal, ya que cuenta con el mismo personal de 2017 al no autorizarse la creación de nuevas plazas, conformado por 1,683 empleados, donde el 64 por ciento corresponde a seguridad y custodia, 61 peritos, 235 agentes del ministerio público, y policías de investigación.
Destacó entre sus logros, el trabajar en recobrar la confianza de la ciudadanía, y la capacitación por medio del Instituto Universitario de Ciencias Forenses, para la capacitación en las áreas de derecho penal y procuración de justicia, primeros respondientes del estado, cursos de investigación en trata de personas, y de género en la función pública, entre otros.
El diputado Rubén Guajardo dijo que según los datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el 2018 se denunció solamente el 7.3 de los delitos, que contrasta con el 2017 el 11.3 por ciento, de los cuales el ministerio público inició averiguación en el 73 por ciento y solo el 5.3 de los casos se le dio seguimiento.
Dijo que de acuerdo a estos datos, el 31 por ciento no denuncia por considerarlo pérdida de tiempo, y por desconfianza en la autoridad el 19 por ciento.
Además, dijo que derivado del asunto donde perdió la vida el ciudadano Enrique González Gómez en la colonia las Julias en 2017, donde fueron procesados y sentenciados 6 policías ministeriales, que participaron en los hechos y que en la actualidad todos se encuentran en libertad.
Independientemente de la causa penal, se les instauró el procedimiento administrativo de responsabilidad por sus actos u omisiones en el desempeño de sus funciones; los involucrados demandaron y obtuvieron el amparo de la justicia federal por una separación injustificada de su trabajo, con lo cual costó al erario un monto de 3 millones 500 mil pesos por no llevar un procedimiento adecuado.
El Fiscal manifestó que derivado de este hecho fueron procesados 6 policías por este hecho y, al reconocer su causa acordaron la reparación del daño con los familiares de la víctima, derivado del procedimiento federal que llevaron, el juez federal ordenaba restituirlos en sus cargos, lo cual no puede darse en virtud de que cuentan con antecedentes penales.
El legislador pidió información precisa sobre el caso y verificar el estatus laboral de los involucrados en el caso.
La diputada Marite Hernández Correa pidió se aceleren las investigaciones para la revisión del caso de Karla Pontigo, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el tema, y garantizar que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, además de trabajar en acciones para evitar que este tipo de casos se repitan.
El Fiscal manifestó que se pretende nombrar un Fiscal Especial, por lo cual se ha platicado con la familia de Karla Pontigo para proponer un perfil adecuado para este cargo y que garantice la confianza en las investigaciones que lleve a cabo.
Dijo que a la fecha, se está esperando la notificación oficial por parte de la Suprema Corte de Justicia del Estado, ya que únicamente se conocen los datos por los medios electrónicos, pero no ha llegado una notificación oficial para poder establecer un pronunciamiento especifico.
El diputado Rolando Hervert dijo que está en análisis una iniciativa que presentó para dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, por lo cual solicitó al Fiscal Garza Herrera su opinión, quien destacó que generar este tipo de estructura requiere de un mayor presupuesto.
Dijo que en materia de atención a casos de corrupción, actualmente se atienden 57 casos contra servidores públicos: 12 funcionarios en proceso penal ante el juez; 2 ex diputados que están vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria; 3 ex diputados con solicitud del juez de control para audiencia inicial; 7 funcionarios de la Auditoría Superior del Estado en proceso penal ante el juez; y 2 oficiales del Registro Civil en proceso ante el juez penal, entre otros.
En relación a las denuncias contra periodistas, el Fiscal respondió a los cuestionamientos de la diputada Isabel González Tovar, indicó que actualmente se cuentan con 14 carpetas de investigación de las cuales 12 son en agravio de periodistas, 2 contra defensoras de derechos humanos que están judicializadas.
Añadió que algunas denuncias son revisadas directamente por la Fiscalía General de la República, por lo cual no se lleva una revisión puntual de ese caso.
Además, detalló que fue aceptada una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación a una detención en donde se acreditó tortura y malos tratos, en 2015.
A pregunta del diputado Mauricio Ramírez, indicó que en el último año, los recursos del FASP fueron aplicados principalmente en materia de seguridad pública, por lo cual en materia de procuración de justicia sigue existiendo una deficiencia presupuestal.
Al respecto, el Fiscal General del Estado consideró que el gran problema de México no es la procuración de justicia, sino la seguridad pública, ya que se cometen más de 32 millones de delitos al año y se denuncia menos del 10 por ciento.
Dijo que esto se debe en gran medida a que se confunde el sistema de justicia penal actual, con el sistema anterior; en este sentido, el personal fue capacitad de manera teórica y no práctica, lo cual ha generado algunos conflictos.
Agregó que otro de los problemas es que el actual sistema de justicia penal no fue socializado, lo que ha generado insatisfacción en la sociedad; además consideró la institución no tendrá un cambio significativo hasta que no se realice un cambio generacional.
La diputada Sonia Mendoza pidió que ante el incremento de violencia en contra de las mujeres, es indispensable que los servidores públicos trabajen con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
En el mismo sentido, la diputada Beatriz Benavente señaló que se debe contar con la implementación de la Unidad de Contexto, para la prevención primaria de la violencia contra las mujeres a lo cual, el funcionario dijo que se está trabajando con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, para la capacitación del personal, por lo cual se espera entre en funciones en el próximo mes de enero.
En su intervención el diputado Eugenio Govea rechazó que un cambio en el sistema de procuración de justicia tenga que ver con un cambio generacional, por lo que no se le puede decir a la sociedad que espere esta situación para que pueda obtener una impartición de justicia y seguridad adecuadas.
Sobre el caso de un presunto caso de violación y abuso sexual en contra de un grupo de niños de kínder en Matlapa, el Fiscal respondió que se cuentan con 20 denuncias por abuso sexual y violación donde se están integrando las respectivas carpetas de investigación y el profesor presunto responsable de los hechos, está vinculado a proceso.
En relación con el funcionamiento del Servicio Médico Legal, dijo que se cuenta con 60 lugares para cadáveres, y se cuentan con 450 muestras de familiares de personas desaparecidas y de occisos que están sin identificar e indicios en hechos delictivos.
Sobre el trabajo de la Fiscalía, manifestó que en el último año se ha trabajado en 45 mil carpetas de investigación, de las cuales el 6 por ciento es integrada por las policías preventivas, siendo el resto responsabilidad de la propia Fiscalía.
El diputado Oscar Vera consideró necesario buscar generar un mejor presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, que permita incrementar las acciones de capacitación, profesionalización y equipamiento.
A pregunta del diputado Edson Quintanar, el Fiscal manifestó que se cuenta solamente con una denuncia penal en contra de un profesor por acoso, el cual está siendo juzgado. En el mismo sentido, indicó que se siguen los avances en la investigación del homicidio del pintor Héctor Domínguez.
El diputado Mario Lárraga indicó que se requiere de un personal mejor capacitado y una mejor actuación de los policías de investigación para dar los resultados que espera la sociedad.
El diputado Martín Juárez indicó que debe promoverse el uso de tecnologías para la promoción de denuncia virtual, lo cual ayudaría a revertir los hechos de impunidad; el Fiscal indicó que se han atendido con esta herramienta 14 denuncias que están siendo atendidas.
Agotadas las participaciones, el diputado Rubén Guajardo, presidente de la Comisión de Justicia, dio por concluida la comparecencia.
