Cada vez son más las denuncias que coinciden en señalar los abusos que son perpetrados por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en perjuicio de paisanos y turistas que visitan San Luis Potosí. Los hechos, derivados de un retén instalado de manera tendenciosa para extorsionar y, en muchos casos, despojar a la ciudadanía de dinero en efectivo y de otras pertenencias.
De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, en fechas recientes, tras la llegada de Marco Antonio Inda Jaime a San Luis Potosí, como nuevo delegado de la FGR, se ordenó la instalación de un retén sobre la carretera 57 a la altura de la comunidad de Pocitos, casi en los límites del estado potosino y Nuevo León.
En este punto, con la excusa de descartar el tráfico de objetos o sustancias indebidas, los agentes piden descaradamente a los pasajeros, la mayoría de ellos paisanos que vienen de Estados Unidos a visitar a sus familiares, la “aportación” de nada más y nada menos que 100 dólares por cabeza. No hay opción de decir no.
Según versiones, se trata de asalto descarado, pues las víctimas de los atracos de estos servidores públicos aseguran que los intimidan y que, si alguien les pide que se identifiquen, lo someten, le quitan su teléfono y les doblan la cuota.
Personal de las empresas de autobuses detallan que las unidades regresan con, al menos, 32 personas a bordo, cifra que se multiplica por las 30 unidades por día que regresan de Estados Unidos. En promedio, los agentes de la FGR recolectarían a diario dos millones de pesos, fruto de la extorsión a los paisanos.
Versiones de personal de la FGR aseguran que el recién llegado delegado, Inda Jaime, quien proviene de Guanajuato, busca obtener recursos ilegales con ese reten y que su antecesor fijó una tarifa de 10 millones de pesos al mes para no molestar a los transportistas de pasajeros, pero tras el cambio de mandos, las cosas también cambiaron.
