La Fiscalía General de la República informó que no solicitará la detención provisional ni promoverá el desafuero de funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, hasta que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas que acrediten su posible responsabilidad.
Durante una conferencia de prensa, autoridades de la FGR indicaron que la solicitud enviada por Estados Unidos no incluye elementos suficientes para justificar la aplicación de medidas cautelares. Explicaron que la detención provisional implica una restricción a derechos humanos, por lo que debe sustentarse en fundamentos legales sólidos y evidencia clara que demuestre su urgencia.
La institución detalló que, en el caso analizado, no se identifican motivos ni documentación que acrediten la necesidad inmediata de detener a los implicados. Tampoco se adjuntaron pruebas que permitan establecer la comisión de un delito que justifique la medida.
Los funcionarios precisaron que las acciones legales, como detenciones o solicitudes de desafuero, se evaluarán una vez que las autoridades estadounidenses entreguen pruebas, testimonios u otros elementos que respalden los señalamientos.
Entre las personas mencionadas en el caso se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. En estos casos, cualquier procedimiento requeriría previamente la eliminación del fuero constitucional.
