Ciudad Valles S.L.P.— Once años después de una cadena de crímenes que marcaron a la Huasteca Potosina, el caso contra Filiberto “N” llegó a su audiencia final. En la sala estuvieron las familias de Itzel Romani (11 años), Eliehoenai (32 años) y Dulce Jimena (9 años), además de representantes legales y organizaciones de derechos humanos que han acompañado el proceso durante más de una década.
El acusado, quien ha permanecido detenido en el penal de Gómez Palacio, Durango, enfrentó una diligencia clave en un expediente que, por sus características, ha sido señalado como uno de los más graves en San Luis Potosí. Para las familias, la jornada no solo fue un acto judicial: fue la continuación de una lucha larga, marcada por búsquedas, omisiones oficiales, revictimización y una espera que se volvió parte de su vida cotidiana.
Eliehoenai, “hacia Dios están mis ojos”: Ruth Rivera, madre de Eliehoenai
De complexión delgada y menuda, con un temple sereno, Ruth Rivera, de 63 años, estuvo arropada por sus cuatro hijas, sus nietos y su esposo. El amor de su familia fue evidente: era el sostén de su fuerza. Aun con el corazón roto, habló con la esperanza de que habrá justicia y con la fe puesta en Dios.
Sobre el acusado, fue directa: “Se le ve la maldad en los ojos, en la cara. Alegaba inocencia y estaba medio burlesco; decía que no había almorzado, que quería un café. Incluso, como éramos muchos, dijo que si quitaban el escritorio podíamos caber todos sentados en el piso… o sea, provocador, arrogante”.
Con la voz cargada de dolor, añadió: “Nos hace sufrir, nos molesta. Ha sido demasiado sufrimiento. Y de antemano sabemos que una sentencia no va a aliviar el dolor ni el vacío que se queda en nuestro corazón”.
Con los ojos llenos de lágrimas explicó el significado del nombre de su hija: “Eliehoenai significa ‘hacia Dios están mis ojos’… y así era ella. Amaba a Dios, leía la Biblia, se preocupaba mucho por los demás”. Recordó que su hija fue la quinta y última víctima. Pese a todo, dijo sentirse en un punto de cierre: “Me siento tranquila… siento que es un ciclo que ya va a cerrar”.
“Si a él le ha causado sufrimiento estar detenido, a nosotros nos causó mucho más la pérdida de nuestras hijas”
Guadalupe Chávez Martínez, padre de Eliehoenai
Guadalupe Chávez Martínez, de casi 70 años, fue el primero en salir de la sala del Juzgado de Penas. Su rostro reflejaba cansancio, pero también decisión. Caminó con paso firme para dar la cara y hablar por todas las víctimas.
Explicó que, aunque estaba previsto que cada familiar declarara por separado, coincidieron en una exigencia común: una sentencia justa y condenatoria. “Lo que queremos es que este individuo ya no salga a hacer daño. Que esto sirva de castigo para él y de escarmiento para quienes se dedican a estos males, y que a nosotros nos deje, de alguna forma, satisfechos con una sentencia justa”, dijo.
Relató que al inicio de la audiencia el acusado se alteró y gritó, por lo que la jueza tuvo que imponer el orden. “Quiso manipular la situación, pero la jueza lo puso en su lugar. Él alega inocencia, pero por las pruebas presentadas estamos convencidos de que la sentencia será justa y larga”.
Sobre lo que vio en sala, fue contundente: “Lo vi pensativo, demacrado, más delgado. Si a él le ha causado sufrimiento estar detenido, a nosotros nos causó mucho más la pérdida de nuestras hijas”. Añadió que por primera vez en años siente que el proceso puede cerrarse con justicia.
Dulce Jimena, 9 años: “Regreso para la sentencia, no para celebrar”: Daniela Reyes, madre de Dulce Jimena
Daniela Reyes porta en su dedo índice un anillo con la palabra “Dulce”. Es un homenaje permanente a su hija, la cuarta víctima y la más pequeña, que tenía apenas 9 años. El gesto contrasta con la fotografía de la niña que hoy exige justicia.
Sobre el acusado, fue tajante: “Lo único que vi en él fue soberbia. No se siente culpable, no hay nada que refleje arrepentimiento. Es una persona mala y no debe estar fuera”. Contó que regresará a Monterrey a trabajar porque aún tiene una hija que depende de ella, pero volverá para escuchar la resolución: “Regreso para la sentencia, no para celebrar. Regreso porque quiero ver justicia. Mis papás murieron esperando, durante 11 años, que se hiciera justicia”.
Además del dolor por la pérdida, habló de la revictimización: “Fui víctima de tortura psicológica. Me acusaban de explotar a mi pequeña, de gastarme su pensión. Enfrenté esas acusaciones; casi me hicieron responsable de lo que le pasó”.
Recordó que su mayor miedo comenzó cuando empezaron a desaparecer las niñas. “Mi hija era muy noble y tal vez eso hizo que entrara a la casa de él, de la cual ya no salió”. Hoy se aferra a la esperanza: “Mi corazón siente que ahora sí vamos a ganar este juicio, que ahora sí vamos a hacerles justicia. Confío en Dios”.
Itzel Romani, 11 años: “Mi hija quería ser policía” :Gloria Castillo, madre de Itzel
Gloria Castillo, policía de oficio, relató que al momento de los hechos ella se encontraba trabajando en Axtla. Contó que tardaron un año y cuatro meses buscando a su hija, hasta que finalmente su cuerpo fue localizado.
Itzel fue la tercera víctima. Tenía 11 años y desapareció en enero de 2013, luego de acudir a la iglesia a sus clases de catecismo. “Iba a una plática y ahí fue donde tuvo contacto con él. El modo de operar era ganarse su confianza”, explicó.
A once años, la familia espera que se dicte la sentencia máxima y que el caso no quede impune. Gloria recordó a su hija con emoción: “Mi hija quería ser policía, como su madre. Le gustaba escuchar música, todos los días hablábamos por teléfono y cada quince días que descansaba la veía. Esa última vez que nos vimos estaba emocionada porque iba a hacer su primera comunión; acompañaba a mi mamá a los rosarios, le gustaba rezar…”.
“Una sentencia ejemplar puede convertirse en un precedente nacional”
Karla Michel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social del Estado de México, explicó que su organización llegó a la región cuando el caso estaba a punto de perderse por la indiferencia de las autoridades de entonces, y comenzó a trabajar con las familias.
Detalló que dos de los cinco casos aún no están judicializados: el de la niña Rosi —cuyo cuerpo fue arrojado a un cañaveral donde es común la quema, por lo que solo se rescató un fragmento que requiere dictamen antropológico— y el de la niña Adriana, donde aún hay diligencias pendientes.
La abogada fue contundente: la reparación del daño debe ser integral, no solo económica, e incluir medidas como una disculpa pública. Recordó que existen recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuyo seguimiento nunca fue claro.
Explicó que durante años el objetivo ha sido evitar que el acusado salga de prisión, pese a los múltiples recursos legales interpuestos, incluso alegando tortura. “A pesar de todos los actos defensivos, jueces locales y federales nos dieron la razón: es culpable, y buscamos una sentencia que ponga punto final”, dijo.
Añadió que, de haberse investigado adecuadamente desde la primera desaparición, “no estaríamos hablando de un feminicida serial”. Y subrayó: “Esta es la oportunidad de que la Jueza Blanco dicte una sentencia ejemplar. Sería un precedente a nivel nacional, porque estamos hablando de un criminal serial y de feminicidios infantiles, casos muy pocos en el país que llegan a sentencia en el ámbito local. Sería un símbolo de esperanza para madres y padres que buscan justicia”.
También reconoció el gesto de la jueza de querer entregar simbólicamente la sentencia de manera personal a las víctimas, como un acto de respeto a sus derechos. Sobre la audiencia, señaló que el acusado mantuvo una actitud burlona y provocadora, buscando que se suspendiera la diligencia, pero destacó que el proceso se condujo con respeto a los derechos de todas las partes.
Once años de búsqueda, duelo y espera
El caso pudo ser judicializado porque las propias familias iniciaron la búsqueda. Fueron ellas quienes recorrieron caminos, encontraron prendas y artículos, y acudieron a los lugares señalados. Hicieron durante años el trabajo que en su momento le correspondía a la autoridad.
En ese tiempo hubo cumpleaños sin festejo, navidades marcadas por el silencio y padres que murieron esperando una sentencia. Al salir de la audiencia, las familias se abrazaron, se dieron consuelo y se repitieron palabras de ánimo. Hay niñas y niños que no conocieron a sus tías, pero crecieron viendo llorar a sus padres por ellas.
Hoy, esas familias siguen con la misma sed de justicia y con la esperanza de no volver a ver el llanto instalado en su hogar. Esperan poder encender una vela no solo por la memoria, sino por una justicia que, por fin, llegue. Confían en que la resolución marque un cierre digno y ayude a que crímenes como estos no vuelvan a repetirse contra ninguna niña, joven o mujer.
Seguiremos informando.
