Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, exhibió en la tradicional mañanera del presidente López Obrador los altos niveles que presenta San Luis Potosí en el tema de feminicidio, delito que se sigue cometiendo pese a la implementación de estrategias como la llamada Alerta de Género que, a la fecha y luego de cuatro años desde su declaración, ha demostrado ser un verdadero fracaso para las mujeres potosinas.
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«El panorama nos muestra que ocho entidades concentran las tasas más altas de feminicidio; Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas» expuso la funcionaria federal quien, además, reconoció que, a la fecha y en lo que va de 2021, los índices de feminicidio han crecido más de siete puntos porcentuales en comparación con 2020.
En San Luis Potosí, el incremento en la incidencia de feminicidios ha provocado toda clase de señalamientos y reproches para las autoridades correspondientes; Gobierno del Estado, IMES y Municipios que, lejos de atender las recomendaciones y estrategias desprendidas de la Alerta de Género, han incurrido en serias omisiones que se traducen en la muerte de violenta de una enorme cantidad de mujeres a las que, aunque han denunciado, no se les han proporcionado las medidas de precaución, entre otras omisiones por parte de las instancias oficiales.
«Hoy se cumplen cuatro años de Declarada la Alerta de Violencia de Género en seis municipios de San Luis Potosí: Matehuala, Soledad, San Luis Potosí, Tamuín, Tamazunchale y Ciudad Valles» publicó en redes sociales la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Urenda Navarro.
Hoy se cumplen cuatro años de Declarada la Alerta de Violencia de Género en seis municipios de San Luis Potosí: Matehuala, Soledad, San Luis Potosí, Tamuín, Tamazunchale y Ciudad Valles.
— Urenda Navarro (@UryQuely) June 21, 2021
Al reclamo se han sumado diversos colectivos que de han demandado mejores condiciones y políticas efectivas por parte de las autoridades gubernamentales para atender la violencia feminicida, garantizar la seguridad de las potosinas y sancionar a quien resulte responsable.
