El Gobierno de México ha emitido un decreto por medio del cual se ordena la expropiación de 45 inmuebles en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Esta medida tiene como objetivo continuar con la construcción del Tramo 4 del Tren Maya, un proyecto considerado de alta prioridad por el Gobierno Federal.
Los terrenos expropiados abarcan una superficie de más de 206,000 metros cuadrados y se encuentran ubicados en los municipios de Sudzal, Kantunil, Tinum, Uayma, Valladolid y Chemax, en el estado de Yucatán, así como en Puerto Morelos, Quintana Roo.
El decreto, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que la expropiación se realiza por «causa de utilidad pública». Asimismo, se indica que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación inmediata de los inmuebles expropiados, y que la interposición de cualquier recurso legal no suspenderá dicha ocupación.
El decreto también establece que Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que corresponda a los propietarios de los terrenos, de acuerdo con los avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
En un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación del decreto, los interesados tendrán la oportunidad de acudir a un procedimiento judicial para impugnar el monto de la indemnización, de acuerdo con la Ley de Expropiación.
El Tren Maya es un megaproyecto del presidente López Obrador que busca impulsar el desarrollo en el sureste mexicano. El proyecto abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y contempla la construcción de una ruta de ferrocarril de 1,554 kilómetros.
A pesar de las expectativas de desarrollo económico que genera el Tren Maya, el proyecto también ha suscitado preocupaciones a nivel nacional e internacional. Varias organizaciones han expresado inquietudes sobre posibles impactos negativos en los derechos humanos de las comunidades indígenas en la región y en el medio ambiente local. El Gobierno de México continúa avanzando con el proyecto, aunque estas preocupaciones siguen siendo motivo de debate y escrutinio.
