El jueves, Estados Unidos reaccionó a las controversiales elecciones en Venezuela al imponer sanciones a 16 colaboradores del presidente Nicolás Maduro, acusándolos de bloquear el proceso electoral y de cometer violaciones a los derechos humanos.
Entre los sancionados se encuentran el presidente del Tribunal Supremo, altos cargos de las fuerzas de seguridad y fiscales. Esta acción tuvo lugar pocos días después de que Edmundo González Urrutia, exdiplomático que representó a los principales partidos opositores, se exiliara tras declarar que había ganado las elecciones del 28 de julio por un amplio margen.
Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron a Maduro como ganador, pero, a diferencia de comicios anteriores, no publicaron el desglose de los resultados. Las críticas globales sobre la falta de transparencia llevaron a Maduro a solicitar al Tribunal Supremo, controlado por leales al partido gobernante, que realizara una auditoría de los resultados. El tribunal ratificó la victoria de Maduro.
Observadores de las Naciones Unidas y del Centro Carter, invitados por el gobierno venezolano, concluyeron que los resultados de las elecciones carecían de credibilidad.
“El presidente Maduro y sus representantes, en lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, se autoproclamaron ganadores de manera fraudulenta, mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo por aferrarse al poder”, afirmó en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken.
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