El pasado 29 de octubre, lluvias torrenciales azotaron el sureste de España, principalmente en la Comunidad Valenciana, con un saldo preliminar de 219 fallecidos y decenas de miles de damnificados. Las fallas en la respuesta de las autoridades han desatado críticas hacia el gobierno autonómico del Partido Popular (PP) y su presidente, Carlos Mazón, quien fue señalado por tardar en atender la emergencia debido a una reunión social con una periodista de la región, Maribel Vilaplana.
Mazón llegó dos horas tarde a la reunión del Centro de Coordinación de la Crisis de la DANA (CECOPI) tras haber estado en un restaurante en Valencia, mientras las alertas se activaban en distintos municipios. El presidente aseguró que estuvo «informado en todo momento», pero su tardanza generó molestia en la ciudadanía afectada.
Otro aspecto de la crisis fue la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque se enviaron alertas de crecidas en la presa de Forata, no se alertó sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, principal causante de las riadas en los municipios más afectados, como Catarroja, Alfafar y Sedaví. Los mensajes eran escuetos y no advertían directamente del peligro hasta las 8:15 p.m., cuando varios pueblos ya estaban inundados.
Además, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, admitió desconocer las alertas de emergencia en celulares, las cuales se enviaron tarde. Varios alcaldes señalaron que sus llamadas de auxilio no fueron atendidas, lo que generó el sentimiento de abandono entre los damnificados, quienes también criticaron la tardía movilización del Ejército español.
La Casa Real informó que el rey Felipe VI visitará las zonas afectadas el próximo martes, luego de que suspendiera una visita el pasado domingo ante las protestas de los damnificados.
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