México vuelve a intentarlo. Otra vez. Con la convicción o la excusa de que, ahora sí, el problema del fraude telefónico se resolverá poniendo orden en una base de datos. El nuevo registro obligatorio de líneas móviles nació con una promesa sencilla y seductora: si cada número tiene nombre y CURP, el crimen se quedará sin teléfono. Una lógica tan elegante como optimista.
Las autoridades defienden el proyecto con el argumento de siempre; combatir extorsiones, fraudes y llamadas del terror que durante años han encontrado refugio en la facilidad para adquirir líneas anónimas. El discurso suena razonable, casi tranquilizador, pues nadie en su sano juicio podría oponerse a una medida que promete más seguridad, pero en la práctica, la historia es menos amable.
Y es que conviene aclarar que este no es un terreno virgen. México ya caminó por aquí con el Renaut, aquel padrón que terminó cancelado no por exceso de éxito, sino por su inutilidad. No bajó los delitos, sí elevó el riesgo de robo de datos y dejó la sensación de que el Estado sabía quién tenía un celular, pero no quién lo usaba. Hoy se nos dice que esta versión es distinta, más moderna, más segura.
La controversia no tardó en aparecer. A días de iniciado el registro, comenzaron a circular reportes sobre miles de líneas dadas de alta a nombre de figuras públicas como Gerardo Fernández Noroña y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nada genera más confianza en un sistema de identificación que comprobar lo fácil que resulta usar datos públicos para registrar teléfonos que esas personas, evidentemente, no solicitaron.
Las autoridades han minimizado el episodio, sugiriendo errores temporales, ajustes técnicos o travesuras digitales, sin embargo, el asunto revela una falla incómoda; si el sistema permite este tipo de registros masivos, entonces el control de identidad, que se supone que es la piedra angular del proyecto, no está tan blindado como se prometió. Y cuando la herramienta diseñada para dar certeza empieza dando ejemplos de lo contrario, el problema deja de ser anecdótico.
El riesgo es doble. Por un lado, que el padrón se llene de información imprecisa, inútil para investigaciones reales. Por otro, que se convierta en un catálogo involuntario para la suplantación de identidad. La paradoja es evidente, pues en nombre de la seguridad, se construye una base que podría multiplicar los riesgos si cae en manos equivocadas.
Mientras tanto, el ciudadano común sí tiene claro lo que está en juego. No registrar su línea implica suspensión del servicio. No hay ironía ahí, sólo una obligación puntual. El mensaje es contundente; el usuario debe cumplir, aunque el sistema tenga fallas graves.
Al final, el padrón telefónico no fracasa ni triunfa en el discurso, sino en la ejecución. Y los primeros pasos ya dejaron huellas visibles. La pregunta no es si la intención es buena (porque podríamos decir que lo es), sino si el remedio no terminará repitiendo la vieja costumbre nacional que implica crear controles que funcionan muy bien para el ciudadano y sorprendentemente mal para quien realmente busca evadirlos.
Si algo, lamentablemente, nos ha enseñado la experiencia es que el delito no desaparece por decreto ni por formulario, simplemente cambia de número, de aplicación o de lo que sea para seguir atentando contra la paz del ciudadano.
Cavilaciones:
Primera: El fin de semana, las redes sociales se escandalizaron porque, durante una gira de trabajo por Acapulco, la secretaria de Gobernación, la potosina Rosa Icela Rodríguez, ignoró olímpicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El hombre fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no fue así, pero no hace falta que lo aclare, una cosa es Juan Domínguez y otra, no me quieran ver la cara ¡Miau!
Segunda: En el Poder Judicial, hoy habrá candela. Los trabajadores despedidos en días pasados están dispuestos a defenderse y lo van a hacer. Ahora sí, vamos a saber qué tanto carácter tiene la presidenta, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez. Los expertos dicen que los magistrados no tienen nada que ver con los despidos, porque es responsabilidad del Órgano Administrativo, que integran tres personas que representan a los poderes del Estado; se trata de Berenice de la Rosa Reynoso, Francisco Ramos Silva y José Alfredo Salazar Hernández. Lo cierto es que, ante diversas confusiones por competencias, a todos se les anda haciendo bolas el engrudo.
Tercera: Donde la cosa está que arde es en Matehuala. La disputa de grupos delictivos sube de tono a cada instante, tanto así que, a plena luz del día, hay corretizas, ponchallantas en vías estratégicas y el obligatorio cobro de piso. Pobre Matehuala, tan lejos de Dios y tan cerca de alcaldes ineptos.
¡Feliz regreso a clases! ¡Brrr!
