Lo prohibido es lo mas apetecido, dice la sabiduría popular. Ayer, los diputados federales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), modificaron la Constitución nada más para prohibir el uso de los vaporizadores, drogas químicas y el fentanilo.
En la reforma, los diputados agarraron parejo. En su infinita ignorancia, no escucharon razones de ningún tipo y se cubrieron con la presunta protección de la salud del pueblo. Ni siquiera se detuvieron a revisar, por ejemplo, el uso médico del fentanilo, que es indispensable en los procesos de anestesia (ojalá que cuando vayan al dentista les saquen las muelas a puro valor mexicano).
Vapear simula fumar, según los expertos. Estos aparatos son una especie de pipas que se llenan con nicotina, saboritzantes y otros químicos, se dice que mas de 30. El aerosol se inhala y llega a los pulmones, donde la nicotina y los químicos ingresan al torrente sanguíneo, lo que representa un daño para los pulmones, nariz y garganta.
Conociendo el comportamiento social, lo que viene tras la prohibición es un mercado negro de vapeadores que, obviamente, controlaran los grupos delictivos, pareciera que los señores diputados son brokers de los cárteles y ahora les dan un gran negocio.
A propósito, los diputados federales potosinos; Aremy Velazco Bautista, José Luis «chiquis» Fernández, Oscar Bautista Villegas, Adrián Castillo Morales, Juan Carlos valladares y Bryceida García, están perdidos en el inmenso anonimato de los levantadedos de San Lázaro. Gabino Morales y David Azuara se salvan, pero como dirían mis ancestros: de todos no se hace uno. Disfruten lo votado. ¡Miau!
Cavilaciones:
Primera: A nadie le cabe duda que la pseudoactivista, Marichuy Almendárez Prieto, está convertida, desde hace años, en mercenaria de la protesta y la manifestación. La señora comenzó denunciando un abuso de un líder sindical del SUTSGE con quien tenía una relación. Las Autoridades castigaron conforme a la ley al responsable, le pagó indemnización y el asunto quedó liquidado legalmente, pero ella encontró, en el modo víctima, la oportunidad de conseguirle una base sindical a su hijo en el Gobierno del Estado y ella misma cobra como nivel 14 (unos 50 mil pesos al mes) por una labor que no desarrolla.
Con maldad, la señora engaña a verderas víctimas de la violencia para obtener beneficios personales. Marichuy ha cruzado una línea peligrosa: la agresión que pudo haber costado la vida de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovana Argüelles. La Federación de ombudsman está pidiendo que se aplique la ley y más le vale a la Fiscalía que se aplique, antes de que esta mujer acabe verdaderamente con la vida de alguien.
Segunda: Cuentan en los pasillos de la delegación de la Fiscalía General de la República que a partir del uno de Enero del 2025, el exdiputado panista, Juan Francisco Aguilar, será el nuevo delegado de la dependencia en San Luis Potosí.
Tercera: Hoy el Atlético de San Luis va por lo inimaginable. ¡Miau!
