En menos de una semana, la Secretaría de Educación Pública pasó de anunciar, con aparente convicción, un recorte histórico al calendario escolar, a fingir que todo había sido apenas una mala interpretación colectiva. El ciclo escolar 2025-2026, que se pretendía concluir el 5 de junio bajo el argumento del calor extremo y la organización del Mundial de Futbol de 2026, terminó regresando, por obra y gracia del jalón de orejas presidencial, a las fechas originalmente establecidas. Así, de golpe, la autoridad educativa descubrió algo verdaderamente revolucionario; que las escuelas sirven para dar clases.
La propuesta inicial era, sin rodeo alguno, escandalosa. En los hechos, implicaba mutilar más de un mes completo de actividades académicas para millones de estudiantes en un país que ya arrastra rezagos educativos brutales desde la pandemia, déficits estructurales en comprensión lectora y matemáticas, abandono escolar creciente y un sistema incapaz siquiera de garantizar infraestructura digna en miles de planteles, sin embargo y en apariencia, alguien en la SEP pensó que la mejor forma de enfrentar semejante desastre era mandar antes a todos de vacaciones.
El argumento climático tenía algo de razón y mucho de oportunismo. Sí, el calor es real. Sí, hay escuelas que son auténticos hornos. Sí, el Estado mexicano ha sido incapaz de dotar de ventilación, agua potable o electricidad funcional a miles de planteles, pero justamente por eso resultaba grotesco que la solución oficial fuera cerrar escuelas, no resolver el problema. Si el gobierno presume “transformación”, uno supondría que eso incluye techos, abanicos y aulas habitables, no solamente conferencias matutinas y calendarios improvisados.
Luego vino el otro ingrediente del absurdo: el Mundial. México no organizará una guerra, ni una contingencia nacional, ni una emergencia sanitaria. Organizará partidos de futbol, sin embargo, desde ciertos escritorios burocráticos se quiso instalar la idea de que el país entero debía reconfigurar su vida escolar para acomodar la fiesta futbolera y la movilidad urbana de unas cuantas sedes mundialistas. Como si el aprendizaje pudiera ponerse en pausa porque viene la FIFA.
La reacción social fue inmediata. Padres de familia preguntando quién cuidaría a los hijos durante semanas adicionales; maestros cuestionando cómo recuperar contenidos; especialistas advirtiendo sobre el impacto académico; gobiernos estatales deslindándose discretamente del disparate; y redes sociales convertidas en un festival de burlas contra una SEP que parecía actuar más como comité organizador del Mundial que como autoridad educativa.
Y entonces apareció la verdadera señal política; la presidenta tuvo que intervenir. La corrección fue tan rápida como reveladora. Mario Delgado terminó admitiendo que faltaron voces en la discusión. Traducido del lenguaje burocrático al español; nadie midió el tamaño del despropósito. O peor; sí lo midieron y aun así intentaron empujarlo.
La reculada exhibe varias cosas al mismo tiempo. Improvisación. Falta de coordinación. Desconexión con la realidad cotidiana de millones de familias. Y, sobre todo, una peligrosa facilidad para jugar con el calendario escolar como si fuera una ocurrencia administrativa sin consecuencias reales.
Detrás del debate, sin embargo, hay algo más profundo; la normalización de la mediocridad institucional. En cualquier país serio, perder más de un mes de clases sería considerado un problema nacional. Aquí se presentó casi como beneficio turístico. Aunque también vale preguntarse otra cosa: ¿De verdad, alguien creyó que semejante bomba mediática iba a pasar inadvertida en términos políticos?
La sospecha inevitable es que el tema pudo funcionar, deliberadamente o no, como una magnífica cortina de humo. Mientras el país discutía vacaciones adelantadas, calor, futbol y puentes escolares, el caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya seguía generando ruido político, cuestionamientos y desgaste para Morena. Y en la política mexicana, cuando aparece un escándalo de este calibre, nunca falta el tema estridente que captura titulares, incendia redes y desplaza la conversación pública. Nada distrae más que tocarles las vacaciones a los estudiantes y la logística familiar a millones de padres.
Al final, la SEP corrigió. Qué bueno, pero el daño ya está hecho, porque el episodio dejó claro que, para ciertas élites, la educación sigue siendo el componente más flexible del Estado mexicano; el primero que se recorta, el primero que se improvisa y el primero que se sacrifica cuando aparece cualquier presión política, climática o mediática.
La reculada evitó el ridículo mayor, pero no se salvaron de tremenda quemada.
Cavilaciones:
Primera: Abogado de profesión, exdiputado panista y gallardista en los inicios del movimiento, Raymundo González está de nuevo inmerso en el quehacer público, ahora como importante funcionario en la SEGAM. Parece que sus tiempos de polémica y controversia han quedado atrás y, en la actualidad, está convertido en un servidor público muy aplicado.
Segunda: Municipios de la Zona Altiplano se reunieron ayer con el gobernador Ricardo Gallardo, quien tuvo a bien darles un jalón de orejas por la inseguridad rampante en la zona. Le dijeron que aumentarán policías para cuidar a la ciudadanía, lo malo es que, en algunos municipios, como Matehuala y Cedral, la principal amenaza de los ciudadanos son precisamente los uniformados. Los agentes asaltan, extorsionan, levantan. De eso y nada, mejor nadota ¡Miau!
Tercera: La semana pasada, los hijos de elementos de la Secretaría de Seguridad pudieron disfrutar del Dinoasis AquaPark del Parque Tangamanga I. Se trató de un regalo especial a los pequeños con motivo del Día del Niño, pero esta vez el padrino fue el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández. Este felino le manda un rasguñito amistoso al secre ¡Grrr!
