La crisis de la Fiscalía General de la República no comenzó ayer, ni con el más reciente relevo de delegados estatales. Es una herencia pesada, incubada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero y, hoy, depositada con todo y sus pendientes en el escritorio de Ernestina Godoy.
Hablar de crisis no es exageración retórica. La institución arrastra deudas profundas con la sociedad; investigaciones que no prosperan, casos emblemáticos que se diluyen en tecnicismos, carpetas que se empolvan mientras las víctimas envejecen esperando justicia. A ello se suma un deterioro sostenido en la credibilidad pública, quizá el activo más valioso en cualquier órgano encargado de procurar justicia.
La autonomía constitucional de la Fiscalía, que en teoría debía blindarla de presiones políticas, ha sido vista por amplios sectores como una ficción conveniente. La percepción de una actitud servil frente al Gobierno de la República es secreto a voces. Así, la Fiscalía actúa con diligencia quirúrgica en ciertos asuntos y con parsimonia exasperante en otros ¿Qué se puede decir al respecto?
Las consecuencias de esta dinámica son graves. Sin confianza no hay denuncias, sin denuncias no hay investigación, sin investigación no hay justicia. El círculo vicioso es perfecto. La impunidad se normaliza y la ciudadanía aprende a no esperar nada del Ministerio Público federal, salvo trámites interminables.
En este contexto llegan los cambios en las delegaciones estatales. La reconfiguración emprendida por Godoy puede leerse como un intento de golpe de timón institucional. Podríamos decir que, con nueva titular, nuevos mandos, nueva etapa. Así, mover delegados no es un acto menor. Las representaciones estatales son el rostro cotidiano de la Fiscalía en el territorio. Son quienes procesan delitos federales, coordinan operativos y sostienen o desgastan la relación con autoridades locales y la ciudadanía. Si la intención es implantar una nueva dinámica de trabajo, basada en mayor eficiencia, coordinación y transparencia, los relevos pueden ser el primer paso lógico. Si sólo se trata de colocar perfiles de confianza sin modificar prácticas internas, el resultado será más de lo mismo.
El caso de San Luis Potosí ilustra bien el reto. La llegada de Gabriel Campos Piña como nuevo delegado abre una etapa que, por decir lo menos, no parte de cero. Su antecesor, Rafael Marín Álvarez, dejó una gestión marcada por el distanciamiento con la ciudadanía y la desatención sistemática de reclamos. En el imaginario local quedó la percepción de una oficina cerrada al diálogo y lenta para responder.
Más delicado aún fue el señalamiento recurrente sobre la proliferación de retenes presuntamente inconstitucionales en carreteras federales dentro del territorio potosino.
El desafío para Campos Piña es grande. Tendrá que demostrar que la FGR en San Luis Potosí puede ser algo más que una oficina administrativa, un verdadero órgano de investigación técnica, profesional y respetuoso de los derechos humanos. Deberá reconstruir puentes con la sociedad, escuchar a colectivos, atender denuncias y, sobre todo, generar resultados tangibles.
Para Godoy, el reto es todavía más amplio. No basta con reorganizar el tablero; hay que cambiar la lógica del juego. Si la nueva etapa no logra romper con la percepción de subordinación política y no impulsa una cultura interna de independencia real, transparencia y rendición de cuentas, la crisis se perpetuará bajo otro discurso.
La Fiscalía General de la República, concebida como órgano autónomo para garantizar justicia imparcial, hoy deba esforzarse en convencer de que, en efecto, lo es. Recuperar credibilidad tomará más que nombramientos y comunicados, exigirá decisiones que van a incomodar a muchos, investigaciones sin distingo y una clara distancia del poder político.
La institución necesita algo más que nuevos delegados; necesita un nuevo rostro, una nueva ética y, sobre todo, una nueva relación con los ciudadanos a quienes debe servir. En materia de justicia, las formas importan, pero los resultados importan mucho más y eso deberían tenerlo muy presente.
Cavilaciones:
Primera: El diputado federal del PRI, Rubén Moreira, quiere apoderarse del Altiplano Potosino y, para ello, despliega un grupo de medios de comunicación que incluyen una estación de radio. El coahuilense parece tener un proyecto con miras al 2030 y comenzará por influir en estados del Norte y centro de México. Los mal pensados dirán que quiere ser candidato a la presidencia de la República.
Segunda: El general Jorge Enrique Martínez Medina es, desde ayer, el coordinador de la Guardia Nacional en San Luis Potosí. Mucho trabajo tendrá el DEM, sobre todo en la carretera 57. A ver si pone orden en las bases operativas de El Huizache y Matehuala, donde sus subordinados se han convertido en socios de un grupo delictivo que opera a sus anchas en el tramo San Luis Potosí-Matehuala.
Tercera: La alcaldesa morenista de Santa María del Río, Isis Aydé Díaz Hernández, anda tan sobrada que dice que a ella nadie le revisa las cuentas. La alcaldesa tiene observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación por la irregular aplicación de más de 43 millones de pesos de recursos de programas federales. «A mí, me vale madres» dijo a sus colaboradores cuando le hicieron notar la necesidad de solventar el uso de los dineros. No, pues sí que es muy poderosa, la sanmarinense ¡Miau!
