Cada año, normalmente en los primeros meses del nuevo ciclo, San Luis Potosí entra en una temporada que ya no debería sorprendernos; la del fuego. Incendios forestales y de pastizales brotan en la Huasteca, avanzan por la Zona Media, amenazan el Centro y arrasan en el Altiplano. Cambian los municipios, cambian los titulares, pero la escena se repite con una puntualidad casi burocrática.
Ayer, miércoles, por la noche, las autoridades informaron que un incendio en Santo Domingo quedó bajo control, con 90 por ciento de liquidación y brigadas aún en vigilancia. El parte oficial transmite tranquilidad y resalta la capacidad de respuesta institucional. El problema es que esa narrativa suele aparecer cuando el fuego ya consumió hectáreas, recursos naturales y horas críticas de combate. El control llega, sí, pero llega tarde.
San Luis Potosí es, por su geografía y condiciones climáticas, un estado particularmente vulnerable. La combinación de sequía, altas temperaturas y vientos intensos convierte cualquier chispa en una amenaza seria. A ello se suma un factor incómodo pero innegable, pues en la mayoría de los casos, los incendios son provocados por terceros, ya sea por descuido, negligencia o franca irresponsabilidad.
Cada año escuchamos que existen planes, protocolos, despliegues coordinados y mesas de trabajo. Cada año vemos conferencias, llamados a evitar quemas y exhortos a reportar al 911 y, sin embargo, cada año el fuego vuelve a imponerse.
La prevención no puede reducirse a recomendaciones cuando el incendio ya está activo. Tampoco puede consistir únicamente en reaccionar con brigadas heroicas cuando el daño ya está hecho. La verdadera prevención implica vigilancia constante, sanciones ejemplares, campañas permanentes de concientización y, sobre todo, una inversión sostenida en tecnología, capacitación y coordinación interinstitucional.
El riesgo no es menor. Los incendios no sólo arrasan con flora y fauna, deterioran la calidad del aire, afectan la salud pública, ponen en peligro viviendas rurales, dañan infraestructura y erosionan suelos que tardarán años en recuperarse. En zonas como la Huasteca, donde la biodiversidad es un patrimonio invaluable, el impacto es doblemente grave. En el Altiplano, donde la fragilidad ambiental es evidente, las consecuencias pueden ser irreversibles.
En este contexto, pareciera que la respuesta institucional se activa plenamente cuando el humo ya es visible desde kilómetros. Se informa que el siniestro está bajo control, que hay avances decisivos y que se mantiene vigilancia para evitar reactivaciones. Todo correcto en el papel, pero la pregunta de fondo persiste; ¿por qué seguimos llegando a ese punto?
San Luis Potosí no puede normalizar la temporada de incendios como si fuera un fenómeno inevitable, como si se tratara de una estación más del calendario. No lo es. Es el resultado de factores ambientales previsibles y conductas humanas prevenibles.
Ser críticos no implica desconocer el esfuerzo de brigadistas y voluntarios que arriesgan la vida para contener las llamas. Ellos cumplen. La pregunta es si el diseño institucional y la estrategia general están a la altura del desafío.
El fuego no avisa, pero tampoco es impredecible. Regresa cada año con la misma puntualidad con la que se anuncian los planes para combatirlo. Tal vez, ha llegado el momento de que la prevención sea tan constante como el discurso y tan contundente como las llamas que, por desgracia, siguen marcando el paisaje potosino.
Cavilaciones:
Primera: Un pleito entre hermanos por una herencia en Matehuala está a punto de reventar una bomba de corrupción en la que están involucrados abogados, actuarios, notarios, secretarios de juzgados y una jueza. Se trata de una historia contenida en el expediente 1036/2020. El nombre de la historia podría fácilmente denominarse «El Descontón», tal y como se llamó el almacén cuyo cierre por desalojo no es el fin del cuento. A ver si el Tribunal de Disciplina Judicial le echa un ojito a este asunto que puede ser la hebra que deshaga la madeja de una mafia que corre en las entrañas del Poder Judicial.
Segunda: La aplicación de vacunas contra el sarampión ya no es para toda la gente, en el Sector Salud han cambiado los criterios y tienen segmentos de población vulnerable que lleva mano en el suministro del biológico. Oficialmente, hay vacunas para todos; 28 millones de dosis, según la presidenta Claudia Sheinbaum. La pregunta es: ¿Dónde están? ¡Miau!
Tercera. Sabido es que nada hay más peligroso que un compañero de partido. El que le entendió, le entendió.
