Sé que es domingo y que no suelo molestarlos en estos días, pero lo que ocurre al interior del Gobierno del Estado amerita escribir de manera extraordinaria y es que, en cuestión de días, casi de horas, comenzaron a registrarse cambios súbitos en distintas jefaturas de prensa y áreas de comunicación de dependencias estatales. No fue un ajuste menor ni una reubicación discreta: fue una sacudida.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Arena Potosí, el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), la Oficialía Mayor, la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y hasta la propia Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado han estado en el centro de movimientos que, hasta ahora, parecen ser apenas el comienzo. A eso se suma la Fiscalía General del Estado (aunque digan que se mueve con autonomía.
En medio de esta convulsión, algunos perfiles, los menos, fueron reubicados en espacios de menor relevancia. A la gran mayoría, simple y llanamente, les dieron las gracias. Lo que ha trascendido apunta a una causa común: fallas sustanciales en la estrategia de comunicación gubernamental. Y no por falta de temas. El gobierno enfrenta crisis de seguridad, incendios forestales, contingencias sanitarias, tensiones políticas y retos estructurales que exigirían una comunicación ágil, estratégica y profesional. En lugar de eso, se acumuló una burocracia espesa y una pereza que raya en lo ofensivo.
En varios casos, los jefes de prensa dejaron de hacer su trabajo para convertirse en aviadores de lujo. Sueldo puntual, resultados invisibles. Gestión inexistente. Cero iniciativa para concertar entrevistas, posicionar temas relevantes o destacar logros concretos. Y como si eso no fuera suficiente, en algunos casos surgieron conflictos de interés difíciles de justificar: filtraciones selectivas, exclusivas para medios donde también “trabajan” o de los que son propietarios.
Ejemplos hay muchos, pero puedo mencionar lo que ocurre en el área de Salud, donde la vocería, encabezada por Verónica Rodríguez Izaguirre, ha sido señalada en repetidas ocasiones por limitarse a replicar boletines tardíos en medio de crisis sanitarias relevantes, como las generadas por el covid-19 o los recientes brotes de sarampión. Lejos de una estrategia preventiva o de contención mediática, la respuesta se redujo a comunicados reactivos y, en muchos casos, insuficientes. Quienes han tenido trato directo con ella la describen como una funcionaria poco accesible, distante y sin disposición real para responder con oportunidad.
Otro ejemplo es Hugo Enrique Torres Loredo, quien cobra en la Comisión Estatal del Agua como supuesto vocero, aunque en los últimos años se le ha visto como “carga bolsas” de la senadora Ruth González Silva. Curiosamente, pese a formar parte de ese círculo, son bien sabidos los acuerdos, tratos y convenios que tiene con los adversarios y enemigos políticos del Gobierno del Estado y del propio gobernador Ricardo Gallardo.
La lectura es clara; la sacudida parece responder a un manotazo en la mesa del gobernador Ricardo Gallardo ante la falta de resultados. No se trata de una crisis de contenido, pues el gobierno ha realizado obras, inversiones y acciones. El problema es que esos esfuerzos no están llegando con eficacia a la ciudadanía. Se diluyen entre inercias, egos, intereses cruzados y una cadena de descoordinación que termina por sabotear la narrativa oficial.
Todo indica que habrá más cambios. Las dependencias están bajo la lupa por haber permitido que el problema creciera durante meses o años y por solapar a funcionarios que confundieron la vocería con el protagonismo o, peor aún, con la comodidad. Digamos que, cuando el gobierno enfrenta uno y mil problemas, lo mínimo que se espera es que su aparato de comunicación funcione como un engranaje preciso, no como una hamaca colectiva.
De cara al cierre de la administración de Ricardo Gallardo, el fortalecimiento de la dinámica de comunicación se vuelve estratégico. No sólo por imagen, sino por gobernabilidad. Un gobierno que no comunica eficazmente pierde control del relato, y cuando eso ocurre, cualquier crisis se multiplica.
Estos movimientos parecen ser el primer síntoma de una reconfiguración más amplia. Si el ajuste es de fondo y no sólo cosmético, lo veremos pronto. Si no, el humo seguirá saliendo, pero esta vez no de los incendios, sino de las oficinas donde la comunicación pública se confundió con confort burocrático.
