La desaparición de siete hombres en el municipio de Matehuala no puede leerse como un hecho aislado ni como un episodio más en la larga lista de incidentes de seguridad. Es, en realidad, la confirmación de una problemática estructural que ha persistido durante años en el Altiplano Potosino, una región que, pese a su importancia estratégica y económica, se ha convertido en un territorio marcado por la vulnerabilidad.
Lo ocurrido recientemente, un grupo de trabajadores que desaparece en plena zona industrial y a plena luz del día, rompe cualquier narrativa de control institucional. No se trata de un evento en la clandestinidad ni en parajes remotos; es un hecho que, por sus características, evidencia la capacidad de operación de grupos delictivos en espacios donde debería prevalecer la vigilancia.
La gravedad aumenta cuando se contrasta con antecedentes. Basta recordar el hallazgo, durante la Semana Santa del 2023, de un sitio utilizado como campo de concentración en las inmediaciones de Matehuala. Aquel episodio no sólo expuso el nivel de organización de los grupos criminales, sino también la profundidad del problema en la región. Dos años después, los hechos actuales sugieren que poco ha cambiado.
Diversas versiones apuntan a la posible participación de un grupo de la delincuencia organizada que ha mantenido enfrentamientos recientes con corporaciones como la Guardia Civil Estatal. Se trata de estructuras que operan en el trasiego de personas o actividades ilícitas de alto impacto y que también han extendido su control a la vida cotidiana mediante esquemas de extorsión. Desde pequeños comerciantes hasta sectores formales como gasolineras, restaurantes o carnicerías, la presión es constante.
Hay quienes aseguran que, si bien, es un tema del crimen organizado, este caso se dio por la operación de los llamados “diableros”, quienes presuntamente obligan a propietarios de negocios a instalar conexiones ilegales de energía eléctrica, los conocidos “diablitos”, para evadir a la Comisión Federal de Electricidad. Este mecanismo no sólo implica un delito, sino que revela un esquema de control territorial donde la negativa a colaborar puede tener consecuencias graves. Bajo esta lógica, algunas versiones sugieren que las víctimas de la reciente desaparición pudieron haber sido blanco de represalias por negarse a participar, aunque estas hipótesis deben ser confirmadas por las autoridades, su sola existencia refleja el nivel de normalización de prácticas criminales en la región.
El Altiplano no es una zona desconocida para las autoridades. Es, por el contrario, una región identificada desde hace años como criminógena, con antecedentes documentados, patrones repetidos y señales claras de deterioro en materia de seguridad, sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente, fragmentada y, en muchos casos, reactiva.
La presencia de corporaciones de seguridad, los operativos esporádicos y los discursos oficiales no han logrado contener un fenómeno que sigue expandiéndose. La desaparición de personas, la extorsión sistemática y la operación de grupos delictivos en espacios públicos evidencian que el problema no sólo persiste, sino que se ha adaptado y fortalecido.
El costo de esta omisión es alto y se traduce en víctimas directas, además de una erosión constante del tejido social y económico. Matehuala y todo el Altiplano dejan de ser un espacio seguro, la actividad comercial se condiciona al pago de extorsiones y la población vive bajo un esquema de incertidumbre permanente.
Lo aquí ocurrido debería marcar un punto de inflexión. No por lo extraordinario del caso, sino, precisamente, por lo contrario, porque confirma una realidad que se ha vuelto recurrente. La desaparición de siete hombres no es un hecho aislado, es la confirmación de un problema que no se ha atendido y, mientras no se reconozca como tal, cualquier acción seguirá siendo insuficiente.
Cavilaciones:
Primera. Una buena chilladera traen las repentinas «buenas conciencias» del Potosí tras la visita de la diputada española, Cayetana Álvarez de Toledo. Hasta su título de XV Marquesa de Casa Fuerte les altera. Como dirían por ahí: Si su brillo les molesta, que se pongan lentes ¡Miau!
Segunda: Para los que no cargaron combustible el fin de semana, este hermoso felino les tiene una noticia; a la hora de pagar en algunas gasolineras le aplican un ajuste al precio por litro. Cuando se les pregunta la razón, dicen que los precios se actualizan una o dos veces al día debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán. Los daños colaterales de las guerras de Donald Trump.
Tercera: Los representantes de Migración en el Aeropuerto de San Luis Potosí cometen abusos crueles sin que nadie les meta al orden. Víctimas de sus excesos aseguran que, además de prepotentes, separan a los menores de sus madres, sobre todo cuando proceden de Estados Unidos, los encierran y los hostigan con preguntas que no corresponden a sus capacidades y a su edad. Inútilmente, las madres buscan proteger a sus hijos menores porque los señores de Migración, en respuesta, les amenazan con mayor fuerza. Sergio Céspedes Peregrina es el jefe de los orangutanes destacamentados en el Aeropuerto Ponciano Arriaga. A ver si ya va despertando el director de Enlace Internacional y Migración del Gobierno del Estado, Luis Enrique Hernández.
