* En la ruina total, pensionados y personas con discapacidad viven el terror de quedarse atrapados en los elevadores o el peligro de subir hasta el piso 11 por las desvencijadas escaleras
El Edificio Puga fue la primera construcción en San Luis Potosí, que se elevó por más de 10 pisos, que llegó a tener un pent-house de lujo y que le dio señoría a la avenida Carranza, la principal de la pujante ciudad capital en los años 60. Hoy, convertido en pocilga, hace padecer a empleados y derechohabientes del ISSSTE.
Ahí, en el edificio, que un día fue orgullo de San Luis Potosí, funcionan las oficinas administrativas, operativas y sindicales del ISSSTE. Desde la puerta de entrada, un pestilente olor a viejo inunda el ambiente, un cuarto de máquinas y elevadores anuncian el ascenso a los distintos niveles. Alrededor, paredes sucias, escaleras llenas de mugre, con mosaicos destruidos y sin pasamanos, advierten a usuarios y derechohabientes que el calvario para arreglar cualquier trámite o para trabajar en el instituto, será largo.
Hace poco, Marcelina Oviedo fue designada como delegada de la institución y, en ese momento, Leticia Ruiz Sánchez, Alba Salas Basurto y Verónica Vázquez le presentaron por escrito un diagnóstico de las condiciones en que trabajan y de las pesadillas que sufren ancianos pensionados y de personas con discapacidad que deben acudir a las oficinas.
Los representantes de los trabajadores le dijeron a Marcelina que se trata de una situación de emergencia, toda vez que, tanto empleados y derechohabientes corren el riesgo de perder la vida ante la indolencia de los dueños del edificio, que puntualmente cobran una jugosa renta a cambio de un denigrante servicio.
En el pasado, algunos delegados quisieron cancelar el contrato, pero la poderosa familia Puga resistió obligando a la institución a permanecer entre vidrios rotos, elevadores descompuestos, baños convertidos en pestilentes letrinas.
El ISSSTE paga renta por ocupar los pisos 1, 3, 6, 9, 10 y 11. Esta misma semana, unos 100 trabajadores se manifestaron para insistir a la delegada la pronta reparación de los elevadores y, más aún, la reubicación de las oficinas, pero Marcelina poco ha podido hacer ante el poder de los renteros que, los mismo, ignoran advertencias de Protección Civil que solicitudes de arreglo y remodelación, sin importar que, de un momento a otro, pueda ocurrir una tragedia. Empleados y derechohabientes se juegan la vida en un edificio a punto del colapso.
Expertos en Protección Civil aseguran que el edificio pone en riesgo a la población en general pues, de colapsar, afectaría a vecinos y usuarios de la avenida Carranza y Benigno Arriaga, lo que incluye vecinos, peatones y automovilistas que circulan en las inmediaciones, pues el edificio no tiene señalética, salidas de emergencia ni alarmas de ningún tipo y no se ven intenciones de invertirle para garantizar la seguridad de quienes, por trabajo o salud, hacen uso del inmueble.
