Una madre potosina denunció haber sido víctima de una serie de agresiones y abusos por parte de una Juez de lo Familiar y funcionarios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA). La afectada señala que las decisiones que autoridades establecieron en su proceso derivaron en la separación de su hija de tres años, quien actualmente se encuentra en una casa de resguardo bajo condiciones que, asegura, vulneran su integridad física y emocional.
El caso inició cuando la autoridad judicial decidió retirar la guardia y custodia a la madre, argumentando negligencia ante una enfermedad de la menor. A pesar de existir una carpeta de investigación penal contra el progenitor por presunto abuso sexual, la jueza le otorgó derechos de custodia. En una diligencia posterior, la niña fue trasladada a la PPNA, donde la madre refiere haber sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte del un funcionario, quien le condicionó las convivencias a cambio de favores personales.
La madre denunció una serie de irregularidades durante el tiempo que su hija ha permanecido bajo resguardo. Según su testimonio, la menor presenta constantes moretones y rasguños que, afirma, se asemejan a marcas de manos adultas, así como el descuido de un padecimiento dermatológico crónico. Durante este proceso de lucha legal, la madre se encontraba embarazada y afirma que el estrés derivado de las amenazas institucionales provocó complicaciones de salud que culminaron en la pérdida de su segundo bebé.
Incluso tras este suceso traumático, la madre denunció que el personal de la PPNA le negó facilidades mínimas para convivir con su hija, obligándola a realizar esfuerzos físicos excesivos durante su periodo de postparto. A pesar de que su denuncia ante la Fiscalía General del Estado derivó en la destitución de uno de los funcionarios involucrados, el proceso legal continúa estancado y la menor permanece separada de su madre.
Finalmente la madre potosina hace un llamado a las autoridades para resolver su caso y permitir el reencuentro con su hija. Asimismo, exige que se realicen investigaciones profundas y se sancione a todos los funcionarios públicos que, por omisión o acción directa, han afectado su integridad y la de su familia. La denunciante enfatizó que su prioridad no es la obtención de beneficios económicos o pensiones, sino la garantía de seguridad para su hijas y el cese de la violencia institucional que ha padecido durante meses.
Seguiremos informando
