Las diputadas Vianey Montes, presidenta del Congreso, Sonia Mendoza presidenta de la comisión de justicia, el diputado con licencia Mauricio Ramírez, el exsecretario de Gobierno Alejandro Leal Tovías, y el actual titula de ese despacho, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, sostuvieron hoy una reunión con la intención de negociar las ocho magistraturas pendientes de nombrar luego de que, en octubre del año pasado, Morena reventó la intentona del Ejecutivo para ratificar en el cargo a nueve magistrados del Poder Judicial del Estado.
En lo oscurito, como se dice en política, los asistentes a la reunión, barajaron algunos nombres para pagar favores, amarrar compromisos de futuro y sembrar nuevas influencias en el Poder Judicial.
Sonia Mendoza, como presidenta de la Comisión de Justicia, exdiputada del PAN, ahora del Partido Verde, llevó la voz cantante en la reunión y algunos nombres que no desagradaron al secretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, ni tampoco a Alejandro Leal Tovías, candidato a diputado plurinominal, casi seguro integrante de la próxima legislatura.
El 1 de octubre del 2020, Morena, Conciencia, el Verde y Movimiento Ciudadano reventaron la intención del gobernador de ratificar a nueve magistrados pero sólo tres consiguieron los 18 votos para conseguir mantenerse en el asiento, a saber, Rebeca García Medina, Juan Paulo Almazán y Olga Regina García López.
Arturo Morales, María del Refugio González, María del Rocío Hernández, Luis Fernando Gerardo González, Graciela González Centeno y Juan José Méndez Gatica fueron rechazados por el pleno del Congreso y en su lugar se llamó sus suplentes, los magistrados supernumerarios, para ocupar los cargos de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Todos ellos, salvo Juan José Méndez Gatica recurrieron al amparo y aún litigan su permanencia.
A estos seis se les suma Martín Celso Zavala y Ricardo Sánchez Márquez, el primero se retira por edad, el segundo porque cumple 15 años como magistrado, plazo máximo considerado en la Constitución para desempeñarse en el cargo.
El estatus legal de este pleito permite a los demandantes mantener la esperanza de volver al cargo, toda vez que el juez de amparo le ordenó a los diputados que no nombres magistrados hasta que se resuelva el amparo de fondo.
El Poder Judicial del Estado está integrado por 16 magistrados, ocho de los cuales, deberán ser nombrados por el Congreso.
