Diputados aprobaron hoy una reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes que faculta a los agentes de policía a detener taxis, Uber e Indriver y otros que no porten el título de concesión que les faculte a brindar el servicio de transporte de personas, con el fin de combatir el pirataje y de impedir que de manera ilegal particulares realicen viajes con pasajeros sin notificar a las autoridades.
La nueva ley señala que las plataformas de transporte privado han llegado por lo que es necesario regularles, esto debido a que existe una gran problemática entre los servicios tradicionales y las nuevas tecnologías. En ese sentido, es necesario ampliar el marco normativo, a fin de generar condiciones para una «competencia digna y justa» entre los distintos tipos de servicio que se prestan en la actualidad.
Oficialmente el gobierno busca combatir, con autorización de los diputados, las redes de transporte que han crecido en forma desproporcionada. Las “empresas de redes de transporte”, tiene su origen en la prestación de un servicio ejecutivo y particular, dirigido a personas con un nivel socioeconómico determinado, por lo que, inclusive el cobro, deberá realizarse a través de mecanismos electrónicos y no en efectivo, además de que como servicio ejecutivo los vehículos con que prestan el servicio tienen que ser de gama alta que tengan un valor factura de por lo menos 4,150 Unidades de Medida y Actualización; y no exceder los 5 años de antigüedad.
Taxistas y Uber intentaron impedir la reforma pero no pudieron, sus manifestaciones no influyeron en la decisión de los diputados que votaron a favor de la iniciativa del gobernador que ahora permitirá a las redes de transporte que se manejan vía redes sociales o plataformas digitales obtengan un registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Trasporte, deberán refrendar cada año y deberán utilizar vehículos nuevos, con aire acondicionado, elevadores eléctricos y otros lujos.
Las reformas a la ley entrarán en vigor a partir de que el gobernador, Juan Manuel Carreras, las publique en el Periódico Oficial del Estado. Las organizaciones de taxistas aseguran que se trata de una trampa y que ahora, además de ser víctimas de inspectores de la SCT, lo serán de todas las policías por lo que analizan la posibilidad de entablar amparos contra esta nueva disposición.
Si una persona conduce un vehículo que presta servicio de transporte particular sin tener la autorización estará incurriendo en un delito y podría ir a prisión, previo plazo de 90 días para que regularice su situación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
