El DIF Estatal actuó con apego a a ley en el caso «Macondo», señaló la dependencia de velar por el Desarrollo Integral de la Familia en San Luis Potosí. Acompañados de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores (PDPAM) implementaron el operativo para «salvaguardar la integridad de los abuelitos» que residen en el sitio.
El operativo implementado por personal de la PDPAM, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control del DIF Estatal, obedece fundamentalmente a garantizar el respeto de los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física de las personas adultas mayores albergadas en el asilo Macondo con base en la propia petición realizada por el Director del Asilo Macondo, Saúl Montenegro Mendoza, con fecha 10 de septiembre de 2021.
En un intento de sorprender a la administración entrante, el Director del Asilo Macondo argumenta que el DIF Estatal egresó sin consentimiento y con uso de la fuerza pública a adultos mayores, información que se niega categóricamente toda vez que se trató del egreso de una persona adulta mayor por voluntad propia según consta en acta.
Asimismo, argumenta un supuesto adeudo el cual es inexistente, en virtud de que el DIF Estatal desde el año 2020 no mantiene relación contractual con el Asilo Macondo ni con su Director debido a que éste no cuenta con los requisitos fiscales necesarios, ni se trata de una asociación acreditada como donataria.
Cabe mencionar que, los adultos mayores que se involucran en el presente caso pagan su propia estancia con sus pensiones tal como obra en los expedientes de esta Dependencia.
Acompañados de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores (PDPAM), cumplieron el mandato legal de vigilancia, defensa y de representación a favor de las personas adultas mayores en su persona, bienes y derechos para preservar la vida, la salud física y mental, así como la seguridad e integridad de los mismos garantizando el pleno respeto y ejercicio de sus Derechos Humanos.
Tal como lo prevé la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y, el Reglamento Interior del DIF Estatal.
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