Son fueron siete como en un primer momento se anunció, son más de 13 millones de pesos los que faltan en las arcas municipales de San Luis Potosí, recurso que, a la fecha, el tesorero capitalino, Rodrigo Portilla Díaz, no ha podido explicar en qué fueron gastados. El hecho ya está siendo investigado por las autoridades fiscales y de justicia y, de no aparecer a la brevedad, podría tener importantes consecuencia para el mago tesorero, así como para otros funcionarios del Ayuntamiento capitalino.
A principios de noviembre se dio a conocer el desfalco y, tras se exhibido, Rodrigo Portilla tuvo que dar la cara para reconocer la misteriosa desaparición, sin embargo, se negó a aceptar que la culpa era suya. Vagamente, ofreció mínimos argumentos y aseguró que presentaría las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Tras lo sucedido, se intentó responsabilizar a una trabajadora del Ayuntamiento pues, según Portilla y secuaces, el recurso fue autorizado para cubrir una serie de juicios laborales, sin embargo, los supuestos beneficiarios jamás recibieron el dinero, es decir, el Ayuntamiento no entregó el recurso a quien debía, simple y sencillamente desapareció. Poco después se supo que los cheques se depositaron a cuentas diferentes de las que se registran en las pólizas contables de egresos.
Legalmente, Rodrigo Portilla y Xavier Nava, entonces alcalde en funciones, eran los únicos que tenían la facultad para firmar y autorizar un cheque. En otras palabras, de forma obligatoria, sólo ellos saben qué uso se le da al dinero, a quién se le entrega o en qué se gasta. Ahora se sabe que en este tema también está involucrado el director de Egresos, Ignacio Ramírez Diez Gutiérrez, quien también está siendo investigado por su posible participación.
El mago y tesorero Rodrigo Portilla presentó la denuncia ante las autoridades de justicia para que se investigara el hecho, sin embargo, fuentes del mismo Ayuntamiento revelan que, a la fecha, no ha podido entregar la mínima de las pruebas pues, afirman, todo apunta a él y a su grupo, además de que, en el hipotético de que no tuviera relación directa, la Ley de Responsabilidades Administrativas lo termina involucrando en la desaparición del recurso público.
