Grupos del crimen organizado han incrementado su control territorial en al menos 21 estados de México mediante el uso de «halconeo digital» a través de cámaras de videovigilancia colocadas en espacios públicos, viviendas, comercios y mercados. Estos dispositivos permiten a los delincuentes monitorear los movimientos de las autoridades, rivales y víctimas, y coordinar sus actividades ilegales.
Durante 2024 y 2025, las autoridades federales han desactivado más de 6,600 cámaras en 75 municipios. Estos artefactos, de bajo costo (entre 200 y 800 pesos), son fácilmente adquiridos en línea. En Sinaloa, por ejemplo, se han retirado 1,530 cámaras, mientras que en Guanajuato y San Luis Potosí también se han desmantelado cientos de dispositivos. En algunas regiones, como Guerrero y Baja California, las fuerzas de seguridad han hallado cámaras dentro de mercados y comercios, a menudo bajo amenazas o acuerdos con los propietarios.
Leopoldo Rodríguez Aranda, especialista en seguridad, advirtió que la creciente sofisticación del crimen organizado refleja tanto su poder económico como la falta de prevención por parte de las autoridades locales. «Detectar estas actividades es casi imposible para las policías, que son reactivas y carecen de los recursos para enfrentar estos desafíos», afirmó Rodríguez.
El gobierno de San Luis Potosí ha propuesto tipificar como delito el halconeo digital, mientras que otros estados como Jalisco y Baja California también han intensificado operativos para eliminar estos sistemas de monitoreo ilegal.
Este fenómeno pone de relieve la creciente influencia del crimen organizado en la vida pública y la necesidad urgente de un enfoque más efectivo y preventivo por parte de las autoridades.
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