Tranzas, corruptelas y malos manejos de la función pública cometidos por la exdiputada local Martha Orta Rodríguez salieron a la luz por medio de una denuncia realizada por habitantes de la comunidad El Refugio, en el municipio de Ciudad Fernández, cuyas identidades habrían sido usurpadas en 2017 por la entonces legisladora para gestionar una alta cantidad de recursos públicos con la excusa de apoyarlos en obras de infraestructura para sus viviendas.
Según denuncian los afectados, en fechas recientes, personal de la Auditoría Superior del Estado los visitó para confirmar la ejecución de supuestas obras de las que, explican, fueron beneficiarios luego de que Orta Rodríguez presentara ante el Congreso del Estado una serie de documentos para gestionar los recursos que le permitirían adquirir una tonelada de cemento y otros materiales de construcción que, posteriormente, serían donados a, por lo menos, cuatro personas para el mejoramiento y la rehabilitación de sus casas.
Detallan que el personal de la ASE incluso les mostró documentos en donde se da testimonio de la solicitud original que, supuestamente, los habitantes le hicieron a la entonces diputada así como una carta posterior en la que se le agradecía por el apoyo brindado, adjunto se encontraban sus identificaciones y demás documentos personales.
Grande fue la sorpresa del personal de la ASE al constatar que los supuestos beneficiarios no sólo no tenían obras recientes en sus viviendas sino que, además, son personas de muy escasos recursos; una de ellas, una señora de avanzada edad que vive en una pequeña choza de carrizos y que figuraba como una de las principales beneficiarias de las acciones altruistas de Orta Rodríguez. El recurso para estas supuestas acciones de apoyo a la ciudadanía se cobró, sin embargo, nunca llegó a los ciudadanos. A la fecha, no se sabe con precisión a cuánto asciende el posible desvío.
Este no es el primer caso que se destapa sobre las irregularidades cometidas por los diputados de la Legislatura 2015-2018, varios son los diputados acusados de desviar recursos asegurando beneficiar a personas de escasos recursos en distintos municipios del estado, algunos de ellos ya con procesos penales activos. Se cree que una vez que se difunda el tema específico de Martha Orta podrían revelarse nuevos casos de la misma naturaleza.
