Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, presentó formal demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en forma solidaria y mancomunada al Gobierno del Estado, al Poder Ejecutivo, a la Secretaría General de Gobierno, a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas, exige la firma de las condiciones generales de trabajo aplicables a los burócratas en general, incluyendo a los agremiados al SUTSGE.
De acuerdo con el documento de la demanda, Lara Argüelles solicita el otorgamiento, firma y fijación de las condiciones generales de trabajo por el Gobierno del Estado, así como convenios y pactos realizados en la administración de Juan Manuel Carreras, beneficios de los cuales, desde hace años, gozan los burócratas, pero que, por alguna razón, nunca han sido incluidos en los contratos colectivos que, al parecer, tampoco existen.
El SUTSGE quiere: Uno; derecho a la efectiva representación en las relaciones obrero-patronal. Dos; derecho al trámite de conflictos laborales. Tres; intervención en la fijación de las condiciones laborales de trabajo.
Nina Lara presume en su manda que, gracias al SUTSGE, se han gestionado y obtenido logros sindicales que benefician a otras organizaciones, independientemente del lugar de adscripción que tengan los burócratas, beneficios que se reflejan en salarios, aguinaldos, vivienda, bonos como el día de la madre o del padre, por quinquenios por Navidad y Año Nuevo, transporte, escuelas, préstamos y otros.
El sindicato reclama que le reconozcan acuerdo que firmaron con la exoficial mayor Ada Amelia Andrade Contreras durante la administración de Juan Manuel Carreras y piden que comparezca, de manera personal y directa para que reconozca las promesas de beneficios. De igual forma, súper Nina demanda la comparecencia de la persona legalmente acreditada por la Oficialía Mayor para que admita el pliego de posesiones que deberá pagar el Poder Ejecutivo y, ya encarrerada, exige también que se cite al representante del Poder Ejecutivo, en este caso a Ricardo Gallardo Cardona, así como al secretario general, Lupe Castillo.
Solicita al Tribunal dictar laudo declarando que han procedido las acciones que hace valer y, en consecuencia, obligar al Poder Ejecutivo a que se cumplan.
En la demanda, Bernardina Lara no detalla cuáles son esos beneficios que, al parecer, habrían sido rechazados por el carrerato, debido a que no existen los recursos para soportar más beneficios para la burocracia.
