Una severa crisis se avecina en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por negligencia de los diputados locales ya que, al no conseguir el consenso necesario para nombrar a la nueva presidenta, el organismo defensor de las garantías individuales quedará acéfalo a partir del 1 de abril, toda vez que la ley contempla que el actual presidente sólo puede mantenerse en el cargo hasta el último día de marzo.
El pasado jueves 25 de abril, en un acontecimiento nunca antes visto, los diputados intentaron forzar la elección de la nueva ombudsperson, sin embargo, luego de más de 20 votaciones no se logró ningún acuerdo por lo que decidieron posponer la elección para este lunes 29; llegada la fecha, se tomó la decisión de retirar el dictamen del orden del día para presentar uno nuevo la próxima semana, ya fuera del tiempo contemplado en la ley para realizar el nombramiento.
Ante esta situación, los consejeros de la CEDH enviaron un documento a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para que tomara en consideración lo que estaba sucedieron y, desde sus facultades, ampliara el margen de acción del presidente interino que, actualmente, encabeza los trabajos en la dependencia ya que, al concluir el 31 de marzo, la instancia defensora de los derechos humanos quedará acéfala y no tendrá facultades para actuar de emergencia en caso de que se necesitara.
El documento, según denuncian, no fue recibido en un primer momento por los órganos legislativos y no fue sino hasta que ejercieron presión mediática que, finalmente, los diputados se dignaron a recibir la moción. Algunas versiones aseguran que no había quién le diera entrada a la petición ya que los diputados ya se encuentran de vacaciones, aprovechando el puente de Semana Santa.
De no atenderse esta situación con urgencia, la CEDH enfrentaría una severa crisis y no sólo quedaría sin titular a partir del próximo jueves, sino que, prácticamente, los potosinos quedarían a mercede abusos y toda clase de atropellos al no existir una instancia que defienda sus garantías individuales; ello, ante la negligencia y las omisiones del Congreso del Estado.
