La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra Valeri Guerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, y Serguéi Shoigú, exministro de Defensa de Rusia, acusándolos de crímenes de guerra en Ucrania. Los cargos incluyen ataques contra bienes civiles y causar daños excesivos a la población civil.
La CPI sostiene que Guerasimov y Shoigú dirigieron bombardeos con misiles contra infraestructuras eléctricas en Ucrania entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Según la corte, estos ataques fueron desproporcionados y se enfocaron en bienes civiles, aunque se argumentara que los objetivos eran militares.
En respuesta a las órdenes de arresto, Rusia ha minimizado la decisión, calificándola de “insignificante” a través del servicio de prensa del Consejo de Seguridad ruso. Esta reacción refleja la postura habitual de Rusia, que no reconoce la jurisdicción de la CPI.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogió la decisión de la CPI. Zelensky declaró que esta acción es una prueba de que la justicia por los crímenes rusos es inevitable y expresó su deseo de ver a los acusados “entre rejas”.
La CPI enfrenta limitaciones significativas, ya que no posee fuerzas de seguridad propias para ejecutar las órdenes de arresto. En su lugar, depende de los sistemas judiciales de los 124 países miembros para llevar a cabo las detenciones. Cualquier persona con una orden de arresto de la CPI podría ser detenida si viaja a uno de estos países.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha evitado viajar a países miembros de la CPI para no ser arrestado. Ha visitado lugares como Kirguistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, que no son miembros de la CPI. Sin embargo, evitó asistir a un encuentro de los BRICS en Sudáfrica, un país que habría estado obligado a ejecutar la orden de la CPI.
Para fortalecer las investigaciones sobre los crímenes de guerra rusos, la CPI abrió una oficina en Kiev en septiembre. Además, en marzo de 2023, se creó un centro internacional en La Haya para investigar posibles crímenes de guerra rusos, una decisión que Kiev consideró “histórica”.
La CPI ya había emitido órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para la infancia, por la presunta deportación de miles de niños ucranianos a Rusia. Otros responsables rusos, como Serguéi Kobylash y Viktor Sokolov, también están bajo órdenes de arresto de la CPI.
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