Aunque es un fenómeno que ha existido desde milenios atrás, la corrupción y su combate no eran temas tratados a profundidad a nivel mundial. Varias de las prácticas que hoy en día se reconocen como corruptas, no mucho tiempo atrás eran consideradas normales e incluso parte del statu quo derivado de la investidura de los cargos más altos de poder. Fue hasta 1997, con la entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se han empezado a adoptar instrumentos internacionales acuciosos al respecto. Ruta que continuó con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en 2003, con la que se reconoce la necesidad de la cooperación internacional para atender al asunto que, atenta contra la legitimidad de las instituciones y mengua el desarrollo de las naciones.
Esta semana inició con la nota española de la salida del Rey Emérito, Juan Carlos I, de su país tras varios escándalos de corrupción que han ensombrecido su carrera. Un Rey controversial, como su gusto por la cacería, que incluye especies en peligro de extinción. Una trayectoria llena de claroscuros. Fue él quien tuvo la misión de reunificar al gobierno español e instaurar la democracia después del periodo franquista, aunque su importante reinado (culminado en 2014 cuando abdicó en favor de su hijo) se ha visto profundamente opacado por las acusaciones que enfrenta, tanto en España como en Suiza, por el movimiento de recursos que, se presume, fueron adquiridos de manera paralela a las negociaciones de la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad “AVE a La Meca” en Arabia Saudita en 2008.
La lucha contra la corrupción es un tema trabajado en los últimos años en España. Este país cuenta con unos de los mejores y más avanzados mecanismos en combate a la corrupción con los que, -como otros casos han demostrado-, ni la realeza queda por encima de la ley. Gracias a la efectividad de la Fiscalía Anticorrupción y su colaboración con Ginebra, el Tribunal Supremo español anunció en junio pasado la apertura de la investigación derivada de la publicación de grabaciones, en 2018, que supuestamente probarían que recibió “una comisión” de 100 millones de dólares, por la contratación en territorio saudí.
El caso del Rey Juan Carlos de Borbón trae a la luz de la opinión pública lo complejo que puede ser atender el tema de corrupción con una perspectiva moderna frente a instituciones con larga tradición, en esferas de poder en las que las relaciones son tan indispensables como las capacidades intelectuales, para ejercer los más altos cargos.
La manera en que se trate este asunto será un parteaguas, tanto en el entorno español, como en el internacional. Quizá esta batalla traiga consigo cambios institucionales para asegurar nuevas regulaciones en el combate a la corrupción para resolver conflictos de interés y control del lavado de dinero a través de paraísos fiscales.
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@ClauCorichi
