En San Luis Potosí hay conflictos que parecen nuevos, pero en realidad son viejos conocidos con distinto disfraz. El más reciente entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Congreso del Estado es uno de ellos; comienza con la exigencia de transparencia sobre pensiones y termina, como suele suceder, en una guerra de declaraciones donde la forma acaba devorándose al fondo.
El origen es claro. El diputado Héctor Serrano Cortés puso sobre la mesa un tema que vino a generar muchas incomodidades: el sistema de pensiones de la UASLP, particularmente las de exrectores que, por su monto, resultan difíciles de explicar en un país donde la austeridad se presume como virtud pública. La exigencia era sencilla en términos generales; conocer cifras, nombres y condiciones.
La respuesta del rector Alejandro Zermeño Guerra resultó algo polémica. Defendió el sistema, apeló a la legalidad como una vieja aliada institucional y recordó que las prestaciones no pueden modificarse de manera retroactiva. Hasta ahí, todo dentro del guion esperado: Congreso exige, Universidad resiste, pero el conflicto, fiel a su naturaleza, decidió escalar luego de que el líder de los universitarios cuestionara el origen y la formación del legislador.
Serrano acusó discriminación y anunció una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y así, lo que inició como un debate sobre dinero público terminó convertido en un intercambio de calificativos, donde cada parte parece más interesada en tener la última palabra que en resolver el problema de fondo.
No es la primera vez que ocurre. Hace apenas unos meses, Universidad y Congreso protagonizaron un episodio casi surrealista; ambos se convocaron mutuamente a rendir cuentas y a hablar de finanzas, pero ninguno acudió al llamado del otro. Una escena que, más que institucional, parecía coreografía de desencuentros.
Conviene decirlo con claridad; del lado de la Universidad, este es un tema que, en sentido estricto, no le corresponde resolver al rector. Zermeño ha asumido (y en buena medida cumplido) su papel como administrador de los recursos universitarios y defensor de la autonomía, sin embargo, cualquier modificación al esquema de pensiones de exrectores rebasa su ámbito de responsabilidad. No sólo por razones legales, sino por simple lógica institucional.
Además, hay un detalle que no deja de ser revelador. Nombres como Jaime Valle, Mario García o Fermín Villar, exrectores de la UASLP, no dependen precisamente de esas pensiones para sostener su estilo de vida. Lo cual vuelve aún más interesante, por decirlo de alguna manera, el tamaño del debate que se ha generado en torno a ellas.
En ese contexto, comienza a asomarse una sospecha que luce muy evidente; que algunos asesores del rector han decidido convertir un asunto administrativo en una arena de confrontación política. Y peor aún, que en el intento de resolver agravios, o quizá cobrar viejas facturas o venganzas ajenas, están empujando a Zermeño a un conflicto que, francamente, no necesitaba.
Del otro lado está Serrano. Un político curtido, de esos que no sólo entienden el tablero, sino que saben disfrutar la partida. Viejo lobo de mar, conocedor de tiempos, ritmos y reacciones, difícilmente está improvisando. Por el contrario, todo indica que ha encontrado en este episodio un terreno fértil para desplegar experiencia y, por qué no decirlo, para entretenerse un poco en el proceso.
El problema es que, mientras unos juegan y otros responden, la discusión de fondo se diluye. Ni la transparencia avanza, ni la autonomía se fortalece, ni la ciudadanía obtiene respuestas claras. Al final, este es un conflicto que no favorece a nadie. Ni a la Universidad, que arriesga su prestigio en una disputa innecesaria. Ni al Congreso, que corre el riesgo de parecer más interesado en el escándalo que en las soluciones.
Quizá lo más sensato, y también lo más difícil, sería que ambas partes decidieran bajar el tono, volver a la esencia del asunto y resolver, de una vez por todas, lo que realmente importa.
Cavilaciones:
Primera: El diputado federal Juan Carlos Valladares presumió en sus redes sociales su viaje a Japón para acompañar a su amigo y compadre, el piloto de Fórmula 1, Checo Pérez. Pues resulta que en chilangolandia se andan rasgando las vestiduras. Parece que algunos coleguitas no saben que Valladares es un empresario próspero y se puede pagar sus viajes a cualquier destino. Piensan que es el Andy López ¡Miau!
Segunda: Pablo Navarro Briones, mejor conocido como «Pablito», líder del Sindicato Joven de México, fue vinculado a proceso por narcomenudeo. El sindicalista está relacionado con el secuestro de siete electricistas ocurrido en Matehuala el sábado 21 de marzo. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, Jorge Martínez Peña, quien fuera director de seguridad pública en Matehuala, también detenido con algunas dosis de droga, busca librar las acusaciones, pero se integran expedientes de sus abusos que son de horror y muerte.
Tercera: El que está buscando protección y asesoría legal es el presidente municipal de Matehuala, el panista Raúl Ortega Rodríguez. Dicen que anda buscando protección política con la senadora Verónica Rodríguez ante sus evidentes vínculos con un grupo delictivo. Ha consultado a algunos abogados que le han recomendado buscar un amparo, pero ha rechazado la propuesta porque estima que solicitarlo le colocaría en una posición aún más difícil ¡Que Dios reparta suerte!
