En el marco de la firma de convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Gobierno de San Luis Potosí, el Mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona expuso que desde el primer día de la administración se han coordinado esfuerzos para rescatar a los municipios de la pobreza y pobreza extrema, como es el caso de Aquismón y Santa Catarina donde se incrementaron en 17 y 12 por ciento sus presupuestos respectivamente, además de reforzar los programas sociales para sus habitantes.
Con la presencia del secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, el Gobernador dijo que con la coordinación de esfuerzos se busca que el Estado pase de la media tabla con pobreza a ubicarse entre los ocho estados con menor carencias para la próxima medición.
Reconoció que los ayuntamientos son clave para el abatimiento de la pobreza, por ello recordó el exitoso caso de Soledad de Graciano Sánchez, que, gracias al compromiso de las administraciones municipales, en solo 10 años, pasó de la media tabla de mayor pobreza a pelear el primer lugar con menores rezagos junto con la ciudad capital.
Al referirse a los dos municipios que de acuerdo a Coneval se mantienen en pobreza extrema, Aquismón y Santa Catarina, Gallardo Cardona detalló que los aumentos presupuestales fueron muy significativos debido a que en la media solo se otorgaron incrementos de apenas cuatro por ciento, lo que se reforzó con 40 millones de pesos más para obras sociales, en drenaje, calles y vivienda en ambos municipios, además de la incorporación de un porcentaje muy representativo de la población con programas sociales del Estado, becas en efectivo o alimentarias.
En este sentido, el Gobierno va por los otros 18 municipios en pobreza, para lo cual el próximo año se tiene una inversión de dos mil millones de pesos para programas sociales, sumado a la inversión por parte de las dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) que invierte en este 2022, 500 millones de pesos para obras sociales y el Instituto de la Vivienda que tiene una bolsa de 40 millones de pesos, entre otras.
Finalmente, comentó que, en el trabajo de prevenir cualquier tinte político en los programas sociales, se envió al Congreso del Estado una propuesta para elevarlos a rango constitucional, con lo que arrebata la posibilidad de lucrar con estos apoyos.
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