Esta mañana, 40 representantes de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe tomaron las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para exigirle al alcalde Xavier Nava que no se meta con sus tierras y que no quiera declararlos zona protegida, pues a él no le corresponde; ellos lo que buscan es venderlas. No obstante, pidieron a los tres niveles de gobierno llegar a un acuerdo para hacer que la capital potosina crezca ordenadamente, en beneficio de todos.
Su representante y asesor legal, David Sandoval, explicó que el IMPLAN y el Ayuntamiento de San Luis Potosí publicaron dos programas, uno de Ordenamiento Territorial y otro de Centro de Población, en los cuales declaran como área natural protegida parte de las tierras de los comuneros.
Además de que el municipio no tiene las facultades de hacer esta declaración, esto viola el derecho de los dueños de esta tierra de hacer con ella lo que deseen. El único que tiene la capacidad de hacer una declaración de este tipo es Gobierno Federal, no sin antes realizar un estudio de suelo y la anuencia de las personas que la habitan o a quienes pertenece.
Aseguraron que no se oponen a la declaración de área natural, pues piden crear mesas de trabajo y llegar a un mutuo acuerdo entre Gobierno y ellos. Uno de sus representantes, Alejandro Jaso Dávalos, explicó que de toda el área que quieren vender para el desarrollo inmobiliario Las Cañadas consta de aproximadamente 2,500 hectáreas, además de que hay otras 2,500 para un área de amortiguamiento. Todo este espacio sería el que ocuparían para los desarrollos inmobiliarios y quedarían 8,600 hectáreas como área natural protegida.
Para dejarle al Gobierno el área protegida señalada, la cual comienza donde está verdaderamente la sierra y la boscosidad, piden que el bulevar Antonio Rocha Cordero sea rehabilitado y que esas 8,600 hectáreas, en las cuales hubo daños por los incendios del año pasado, sean reforestadas y reparadas, para que toda la ciudad tenga oxigeno.
Varios de los comuneros que se apersonaron en el instituto señalaron que han trabajado y discutido sobre la urbanización en esta área por más de 10 años y todos sus trámites han sido conforme a la ley. Piden que por fin les permitan vender su terreno y que la ciudad pueda crecer y se modernice, como lo han hecho otras urbes en la región Bajío.
Durante su estancia en el IMPLAN, indicaron que esas tierras pertenecen a sus familias desde 1743, cuando las compraron sus antepasados a 250 pesos oro a la corona, obtuvieron su cédula real y, ahora, ellos quieren venderla y por fin obtener algo de ella.
“Ahora los activistas con cara de españoles vienen a robarnos, esto es una comunidad y propiedad de todos los comuneros”, replicaron en referencia a Carlos Covarrubias quien ha sido señalado como falso líder de la comunidad y que sólo roba tierras para luego venderlas. “Mejor buscan a activistas que se dicen dueños de lo de nosotros”, continuaron.
