En sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se turnó a las comisiones de Desarrollo Territorial del Estado y a la Comisión de Hacienda del Estado, para analizar la propuesta del Ejecutivo para expedir la Ley de Certeza Patrimonial Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta estable la abrogación de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, que conlleva desaparecer el Instituto de la Vivienda del Estado (INVIES), además propone dejar sin efecto el Decreto Legislativo 261, que implica la extinción del organismo autónomo descentralizado denominado Promotora del Estado.
En consecuencia se plantea, la intención de sustituir las mencionadas entidades y concentrarlas en un solo organismo, que regule y sea promotor de la vivienda en el estado, denominado Instituto de Regulación y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí, sectorizado debido a las funciones a desempeñar, a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), el cual, estará dotado de un nuevo marco normativo.
La iniciativa explica que, la propuesta de crear la Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social, busca vincular ambas acciones, de vivienda y regularización, acciones que por su propia naturaleza se encuentran relacionadas y persiguen el mismo anhelo social, que es el de dotar de vivienda digna a la población y otorgar seguridad patrimonial.
El mencionado ordenamiento, pretende incorporar en un solo instrumento: la regularización de la tenencia de la tierra y determinar la implementación de programas estatales y municipales, los requisitos y procedimientos para la regularización de los asentamientos humanos, los mecanismos para su incorporación al desarrollo urbano y, en un su caso la reubicación de asentamientos constituidos en zonas de riesgo, establecer los mecanismos de impulso a la vivienda social, la generación de estrategias y políticas de vivienda a un bajo costo.
Puntualizan que, la iniciativa se apega a lo dispuesto por el artículo 19, párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y los Municipios de San Luis Potosí, ya que las estimaciones presupuestarias que se advierten, son tendientes a generar un ahorro en el gasto público, y esos recursos podrán ser utilizados en proyectos de beneficio social y que son prioritarios para las familias potosinas.
En la sesión de la Diputación Permanente, también ingresaron dos iniciativas presentadas por la diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón para reformar el Código Civil del Estado; una iniciativa presentada por la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán para reformar la Constitución Política del Estado.
Además, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán presentó dos Puntos de Acuerdo: Uno de ellos, es para exhortar al Poder Judicial del Estado, para que se implementen los mecanismos que le permitan actuar con mayor diligencia y celeridad, en los casos en donde se diriman asuntos relacionados con el pago de pensión alimenticia y en donde se puedan ver afectados niñas, niños y adolescentes; el segundo Punto de Acuerdo es para exhortar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, para que cumplan con los pagos que se encuentran pendientes a los profesores de las preparatorias por cooperación del estado.
La Diputación Permanente dio entrada a los asuntos turnados por los Poderes Ejecutivo y entes autónomos, agotados los asuntos se citó a sesión el próximo jueves 17 de agosto del año en curso, a las 10:00 horas, en el salón de Pleno “Ponciano Arriaga Leija”, ubicado en Jardín Hidalgo 19.
