La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento. La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Es preciso señalar que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas.
A continuación, algunos ejemplos del impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales:
- El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
- No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
- El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
- Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
- El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
- La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
- No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
- Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
- El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.
- Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
- No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación.
- No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.
- No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.
- Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
- Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos.
- Desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.
Al respecto la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a que habrá presupuesto para la atención a las víctimas del país, así como a la defensa y garantía de los derechos humanos.
La titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunieron la víspera con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y abordaron el recorte presupuestal indicado.
En la reunión, los funcionarios reiteraron el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con los derechos humanos, los cuales son una de las prioridades de este sexenio, expuso la Segob en un comunicado.
“Por lo tanto, se reitera que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”, puntualiza el boletín.
En la misiva explicaron que “ante este panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante las medidas de aislamiento social, es vital que las instituciones que les atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan”.
📄Reporte CEAV
La @CEAVmex refrenda su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, y lo honrará bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas
— CEAV (@CEAVmex) June 2, 2020
