El sistema de tratamiento de aguas residuales de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí está colapsado, según asegura la Comisión Estatal de Agua en un comunicado en el que, además, dio a conocer que la Planta Tratadora El Morro no funciona y la del Tanque Tenorio opera a media sin que nadie pueda hacer nada para disponer del descomunal volumen de residuos domésticos, industriales y comerciales que genera la capital de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
De acuerdo con la información oficial de ese despacho informativo, atribuido a la CEA, cuyo director es Luis Fernando Gámez Macías, el Gobierno del Estado ha gastado 548 millones de pesos en la planta de El Morro, pero requiere de 129 para poderla hacer funcionar, esto, adicional a gastos de operación y tarifas por más de 926 millones, aunque el comunicado no explica a qué tarifas se refiere.
En cuanto a la planta conocida como Tanque Tenorio, el comunicado indica que “supera los 941 millones”, pero no dice si en su construcción, operación o mantenimiento. Agrega que, también, en este caso, debe sumar otro tipo de gastos que no especifican.
Si eso ocurre en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, en el resto del territorio potosino tampoco funcionan las plantas de tratamiento; ninguna de las 108 existentes está trabajando, advierte el boletín informativo
Se ignora si Gámez Macías ha presentado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona algún programa de trabajo, pero asegura en su comunicado que necesita 959 millones de pesos para reactivar las plantas de tratamiento de la zona metropolitana, las 108 que existen al interior del estado y concluir proyecto de drenaje sanitario, redes de conducción y distribución de agua potable y algunas otras obras hidráulicas que el funcionario no especifica.
A continuación, se publica íntegramente el comunicado:
Una vez concluido el proceso de auditorías y revisión a todas las áreas, conforme a lo ordenado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Comisión Estatal del Agua (CEA) reveló que la “herencia maldita” causó a la dependencia un daño presupuestal de poco más de 7 mil 300 millones de pesos, por lo ya se preparan los expedientes que serán enviados a la Contraloría General del Estado para que se proceda conforme a derecho.
Se informó que durante la pasada administración se ejercieron más de 3 mil 392 millones de pesos en proyectos fallidos como el ducto de El Realito, que además de que no funciona correctamente y constantemente se fractura y deja sin agua potable a alrededor de 200 mil habitantes de la zona Metropolitana, se requieren otros 54 millones para pendientes constructivos como la protección metódica al ducto que evitará corrosión y daños estructurales al tubo.
Asimismo, y de acuerdo a las auditorias, se detectó que en el proyecto de la Presa La Maroma hay desconocimiento sobre el destino de más de 143 millones de pesos, y en la zona de construcción no se encuentra la cortina de la Presa ni el camino, por lo que la administración que encabeza Gallardo Cardona tendrá que disponer de 230 millones de pesos para que las y los habitantes del Altiplano gocen del vital líquido en sus hogares.
Además, en el caso de la planta tratadora de aguas residuales de El Morro, en la que se han ejercido más de 548 millones de pesos y no está operando actualmente, se requieren 129 millones más de recursos para su funcionamiento, adicional a gastos de operación y tarifas por más de 926 millones, cifra a la que se debe sumar los gastos por los mismos conceptos de la planta tratadora de aguas residuales Tenorio que supera los 941 millones.
Se agrega a la lista, la rehabilitación de 18 plantas tratadoras de aguas residuales en nueve municipios con 10 millones de pesos de inversión, aunque en total son 108 plantas y ninguna está trabajando; así como pozos de perforación que están sin operar o que son insuficientes; proyectos inconclusos en drenaje sanitario, red de distribución y conducción, acueductos y otras obras en las cuatro zonas del Estado en las que se requiere una inversión de aproximadamente 959 millones de pesos.
Ante este panorama heredado por la pasada administración, el equipo jurídico y la Contraloría de la CEA prepara los expedientes para ser entregados a la Contraloría General del Estado, para que se proceda legalmente por el daño a los recursos financieros de las y los potosinos. El compromiso es que en este sexenio que dirige el Mandatario Ricardo Gallardo Cardona se retomen de manera paulatina estos proyectos de importancia para el abastecimiento del vital líquido.
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